Por qué puede considerarse que California es ya un 'estado santuario'
LOS ÁNGELES, California.- Los estados no pueden impedir las deportaciones ya que son competencia del gobierno federal, pero sí pueden complicarle la vida a las autoridades que las ejecutan, y esa es precisamente la posición que ha adoptado California de cara a la presidencia de Donald Trump y sus anunciadas medidas de expulsión masiva de indocumentados.
A nivel político, los líderes estatales han empezado a cimentar un 'muro' legislativo con una serie de medidas de tramitación urgente destinadas a blindar -en la medida de lo posible- la continuidad de los inmigrantes sin papeles en California, donde muchos condados y numerosas ciudades, así como la comunidad educativa, cuentan con disposiciones para no colaborar con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Santa Ana, en el condado de Orange, fue la última localidad en proclamarse 'santuario' migratorio, una lista en la que están urbes como San Francisco y Los Ángeles y a la que se han sumado los campus la Universidad de California (UC) con una reciente declaración de principios.
Algunos distritos escolares han hecho lo propio en tanto que la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) ha recomendado a todos los superintendentes de escuelas públicas de California hacer lo mismo para asegurar un ambiente libre de discriminación en los planteles.
"California es prácticamente un 'estado santuario' porque ninguno de los condados cumple con las solicitudes de ICE para retener a indocumentados, ya que eso viola la Cuarta Enmienda de la Constitución (protección contra detenciones arbitrarias)", comentó Lena Graber, abogada del Immigrant Legal Resource Center (ILRC), a Univision Noticias.
En este mapa elaborado por el ILRC se muestran los territorios en los que las autoridades estatales o locales renuncian a cumplir con las peticiones de ICE para entregar a presos con delitos menores con el fin de que sean deportados.
La oposición al gobierno que a partir del 20 de enero encabezará Trump, quien obtuvo en California la mitad de los votos que Hillary Clinton en las elecciones de noviembre (4 millones menos de apoyos que la demócrata), ha sido tan grande en este estado que con el resultado electora hubo un resurgimiento por el interés en la independencia de EEUU, un movimiento separatista conocido como 'Calexit'.
Un 'muro' legislativo
La manera más concreta para proteger a los inmigrantes en riesgo de deportación es el 'muro' legislativo que fue presentado en la Legislatura de California en diciembre.
Se trata de diez iniciativas de ley que darían asistencia a los indocumentados con alternativas de alivio migratorio, atención médica, protección de derechos civiles, asesoría para obtener visas y defensa legal en las cortes de inmigración. También se plantea restringir el programa E-Verify con el que las empresas verifican el número de seguro social de sus empleados.
"Lideraremos 'la resistencia' ante cualquier esfuerzo que destruya nuestro tejido social o nuestra Constitución", refiere una carta firmada por Kevin de León y Anthony Rendón, líderes de ambas cámaras en la Legislatura de California.
La intención de las iniciativas de ley y de las 'ciudades santuario', según el argumento de funcionarios públicos, es proteger a los indocumentados que radican en el estado, que no representan riesgo a la seguridad pública y contribuyen al progreso económico estatal.
El paquete legislativo, titulado 'Immigrants shape California', fue presentado a principios de mes en calidad de urgente para que puedan ser aprobadas antes de que Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, quien ha amenazado con retener fondos federales a quienes se declaran 'santuario' de inmigrantes.
Si Trump congela esos recursos a municipios y condados que no colaboren con ICE, California dejaría de recibir alrededor de 135 millones de dólares al año. En todo el país alrededor de 300 municipios y condados son considerados 'santuario'.
Ciudades santuario
No existe una lista oficial de ciudades calificadas como 'santuario'. Algunas son proclamadas por sus líderes y otras actúan de facto como tales. La característica fundamental que comparten estas urbes es su rechazo a colaborar con las autoridades migratorias para el arresto de sus residentes solo porque sean indocumentados.
Las casi 4.5 millones de deportaciones que ICE realizó durante los ocho años de la administración de George W. Bush y los primeros siete de Barack Obama, (sin contar las que realizó la Patrulla Fronteriza), fueron gracias a la colaboración que tenía a través de los programas 287 (g) y Comunidades Seguras o S-Comm. Este último sistema estuvo operativo entre 2007 y 2014 y permitía que las autoridades locales comprobaran si una persona que acababa de ser detenida (no condenada) aparece en la base de datos de ICE con el fin de reportar su arresto.
S-Comm fue sustituido en 2015 por Priority Enforcement Program (PEP) que a juicio de ACLU sigue resultando demasiado ambiguo y no garantiza que se respeten los derechos de los inmigrantes indocumentados. Algunos condados, como Los Ángeles, participa en PEP en el caso de detenidos por crimenes graves, según el Departamento de Seguridad Nacional, aunque la Policía de Los Ángeles (ciudad), ha reiterado su rechazo a actuar como un departamento migratorio.
Los 58 condados de California se han negado a cumplir las peticiones de ICE para retener a presos en sus cárceles una vez cumplen las condenas con el fin de que sean transferidos a agentes migratorios para su deportación.
Desde el 1 de enero de 2015 en California las personas sin residencia legal pueden tramitar su permiso de conducir. Durante el primer año en vigor de esa norma, más de medio millón de indocumentados sacaron su licencia.
Defensor del inmigrante
Desde el condado de Los Ángeles se plantea financiar programas de asistencia a quienes pudieran ser afectados por la deportación de familiares, así como la creación de la Oficina de Asuntos del Inmigrante.
Uno de los principales objetivos, según han explicado los funcionarios del condado, es proteger la identidad de cada uno de los inmigrantes en riesgo para evitar que sean deportados, principalmente de los jóvenes que se beneficiaron del alivio migratorio DACA, cuya información obtuvo el gobierno federal cuando realizaron sus trámites.
El concejo municipal de Los Ángeles también contempla establecer la figura del 'defensor del inmigrante' como parte de un plan que proteja a los indocumentados al considerar que uno de cada cinco residentes de la ciudad podría ser afectado por la política migratoria que ha reiterado Trump.
En fotos: protestas en Los Ángeles por la victoria electoral de Donald Trump