Derechos humanos

La Unión Europea sanciona a seis altos funcionarios del gobierno de Ortega en Nicaragua

El Consejo de la Unión Europea emitió sanciones contra seis altos funcionarios del gobierno nicaragüense por violaciones graves de los derechos humanos, incluidos el actual jefe de policía, y un asesor del presidente Daniel Ortega.
4 May 2020 – 07:47 PM EDT
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Un manifestante antigubernamental toma parte en una caravana de autos y motocicletas para exigir el fin de la violencia en Ticuantepe, Nicaragua.
Crédito: REUTERS/Oswaldo Rivas

El Consejo de la Unión Europea emitió sanciones contra seis altos funcionarios del gobierno nicaragüense citando la represión de las fuerzas de seguridad y los grupos armados progubernamentales y la falta de "avances tangibles" en democracia y derechos humanos.

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"Estas medidas se dirigen a las personas responsables de violaciones graves de los derechos humanos en Nicaragua y están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense", dijo el alto representante de la UE, Josep Borrell, en un comunicado en nombre de la Unión Europea.

Activistas de derechos humanos acogieron con beneplácito el anuncio, al tiempo que expresaron su decepción porque las sanciones no incluyeron al propio Daniel Ortega. Human Rights Watch ha instado a la Unión Europea a imponer sanciones específicas, incluidas prohibiciones de viaje y congelamiento de activos, a altos funcionarios del gobierno, incluido Ortega, quien es el jefe supremo de la Policía Nacional.

A diferencia del resto del mundo, el gobierno de Ortega se ha negado a tomar medidas preventivas contra la pandemia, apenas reconociendo su existencia. El gobierno ha confirmado la existencia de solo 15 casos, incluidas cinco muertes, a pesar de los informes anecdóticos de más infecciones.

Las sanciones siguen una decisión del Consejo en octubre pasado de castigar a funcionarios clave del gobierno nicaragüense por la represión violenta de las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 y que se cobraron cientos de vidas, así como miles de heridos y cientos de deteniciones arbitrarias y en algunos casos torturas.

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La Unión Europea dijo el lunes que espera que el gobierno nicaragüense cumpla con sus acuerdos de marzo de 2019 con la oposición para restablecer las libertades políticas, liberar a todos los presos políticos, así como las reformas electorales e institucionales.

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Las sanciones también parecían cuestionar la respuesta de Nicaragua a la pandemia del covid-19, agregando que la UE estaba "lista para ayudar a Nicaragua en estos tiempos difíciles".

Los sancionados

Entre los sancionados destaca Sonia Castro, ministra asesora del presidente de la república sobre temas de salud y antigua ministra de Salud. Castro fue señalada como “responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de represión a la sociedad civil ... en especial dificultando el acceso a la asistencia médica de urgencia a los civiles heridos que participaban en manifestaciones y ordenando al hospital personal que informara sobre los manifestantes que habían sido conducidos por la policía al hospital".

Los otros cinco sancionados son:

- Ramón Antonio Avellán: Subdirector general de la Policía Nacional, acusado de graves violaciones de los derechos humanos, en especial coordinando la represión de manifestantes en Masaya en 2018.

- Francisco Javier Díaz: Director general de la Policía Nacional. La UE lo sanciona por considerar que estaba "al mando de las fuerzas policiales que han ejercido la violencia contra los civiles mediante el uso excesivo de la fuerza, detenciones y torturas, entre otros".

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- Néstor Moncada Lau: Asesor personal del presidente de Nicaragua sobre asuntos de seguridad nacional. La UE lo sanciona por considerar que está “directamente implicado en la toma de decisiones en materia de seguridad nacional y en el establecimiento de las políticas restrictivas llevadas a cabo por el Estado de Nicaragua contra manifestantes, representantes de la oposición y periodistas ".

- Luis Pérez Olivas: Comisionado general y jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) del centro penitenciario "El Chipote", responsable de graves violaciones de los derechos humanos, incluida la tortura.

- Justo Pastor Urbina: Jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), acusado de participar directamente en la aplicación de políticas represivas contra los manifestantes y la oposición en Nicaragua.

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