La ONU acusa al gobierno de Venezuela de "crímenes de lesa humanidad" antes, durante y después de las elecciones de 2024
La Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas para Venezuela afirmó este martes que ve motivos razonables para creer que el gobierno de Nicolás Maduro cometió "crímenes de lesa humanidad" antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por la persecución a opositores y la represión de las protestas tras los comicios.
En un informe de 158 páginas que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, la misión acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género. El documento incluye casos ilustrativos que ejemplifican los hallazgos y coloca el testimonio de las víctimas en el centro de sus conclusiones.
Según el reporte de la Misión, 25 personas fueron asesinadas por arma de fuego en recientes incidentes de violencia en ese país. Cientos de personas más resultaron heridas y miles más fueron detenidas simplemente por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión.
Las fuerzas de seguridad estuvieron "involucradas masivamente" en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral (CNE), que "incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad", la Asamblea Nacional, "instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático", o el sistema de justicia, que "siguió operando con falta de independencia".
El informe también asegura que "las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia".
Represión en Venezuela: el perfil de las víctimas "se amplió de manera significativa"
Aunque anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento destaca que el perfil de las víctimas de la represión "se amplió de manera significativa" en el periodo electoral abarcando no solo a líderes políticos y sociales.
En el contexto electoral, los abusos también fueron sufridos por "ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades", indicó.
Como parte de su despliegue represor, las autoridades pusieron en marcha la “Operación Tun Tun” para detener en sus viviendas a personas que habían participado en las protestas o que habían expresado opiniones críticas contra el Gobierno, lo cual, según el informe, "generó un clima de terror generalizado en la población".
De acuerdo con la publicación, si bien hubo muchos líderes políticos y de la sociedad civil, además de periodistas, hostigados, amenazados o detenidos en el marco de esta operación, la gran mayoría de las víctimas de la represión fueron personas sin un claro perfil político que simplemente alzaron su voz contra los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral.
El reporte denunció también cómo en algunos barrios se marcaron con una X las viviendas de familias percibidas como opositoras o críticas, así como la anulación de pasaportes, tanto dentro como fuera del país, o el despido de empleados públicos.
El gobierno de Venezuela invoca conspiraciones para justificar la represión
La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que en los 10 meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.
Ese tipo de campañas "sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil", señaló el informe del grupo de expertos, que junto a Valiñas está formado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.
La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades, según el informe, "pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente", con un número de detenciones, que pudieron contarse por miles, "solo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019".
Una de las detenciones selectivas que destaca el informe en relación con conspiraciones es la de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida en febrero de 2024 junto con su hija y otros allegados.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente para Venezuela en septiembre de 2019, para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. Inicialmente se creó por un año, pero el consejo prorrogó su mandato por otros 24 meses, hasta septiembre de 2024.