Corte Suprema de Arizona autoriza que se vote en noviembre si la policía local podrá arrestar a quienes crucen la frontera de manera irregular
La Corte Suprema de Arizona dictaminó que una propuesta que permitiría a la policía local realizar arrestos cerca de la frontera del estado con México sea incluida en la boleta de las elecciones de noviembre para que sea votada por la población.
Se trata de la mayor iniciativa para implicar a las autoridades locales en la aplicación de la ley de inmigración desde la histórica ley estatal de 2010, que obligaba a la policía a preguntar a las personas su estatus migratorio en determinadas situaciones.
El tribunal rechazó una impugnación de grupos hispanos que argumentaban que la propuesta violaba una norma de la Constitución estatal que establece que las propuestas legislativas deben abarcar un único tema. La presidenta de la Corte Suprema, Ann A. Scott Timmer, concluyó que la medida sí cumple la norma de un solo tema.
De ser aprobada por los votantes, la propuesta convertiría en delito estatal el cruce de la frontera entre Arizona y México por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada. También otorgaría a los policías estatales y locales la facultad de detener a los infractores y permitiría a los jueces estatales ordenar el regreso de las personas a sus países de origen.
También tipificaría como delito punible con hasta diez años de prisión la venta de fentanilo que provoque la muerte de una persona, y obligaría a exigir a varias agencias gubernamentales que utilicen una base de datos federal para verificar la elegibilidad de una persona que no sea ciudadana estadounidense a la hora de recibir prestaciones del gobierno.
¿Cómo fue aprobada esta propuesta en el Congreso de Arizona?
El Congreso estatal de Arizona, controlado por los republicanos, ya había dado en junio su aprobación final a la propuesta, pero fue impugnada por grupos hispanos y, en todo caso, aún debe ser apoyada por una mayoría en las elecciones del 5 de noviembre.
La propuesta vio luz verde en una votación de 31 a favor, 29 en contra en la Cámara de Representantes del estado.
Los defensores del proyecto de ley dijeron que era necesario para garantizar la seguridad a lo largo de la frontera sur del estado, y que los votantes de Arizona deberían tener la oportunidad de decidir el tema por sí mismos.
“Necesitamos este proyecto de ley y debemos actuar sobre él”, dijo el representante republicano estatal John Gillette.
Aunque la ley federal ya prohíbe la entrada no autorizada de inmigrantes en EEUU, los defensores de la medida afirmaron que es necesaria porque el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para impedir que la gente cruce ilegalmente por la frontera.
Los opositores a la misma, en cambio, señalaron que el proyecto de ley era inconstitucional y dijeron que llevaría a que se produjeran incidentes de discriminación racial, separaría a los niños de sus padres y crearía varios millones de dólares en costos adicionales de vigilancia policial que el estado difícilmente puede permitirse.
“No es una solución. Es política de año electoral”, aseveró la representante demócrata Mariana Sandoval.
Similitudes entre la propuesta de Arizona y la ley antiimigrante en Texas
La propuesta es similar a una ley de Texas, que fue suspendida por una corte federal de apelaciones mientras es impugnada.
En febrero, varios legisladores presentaron un proyecto de ley contra los migrantes que cruzaban por Arizona.
A pesar de que el ingreso fuera de los puertos de entrada es una infracción federal, la propuesta de ley SB1231 convertiría esta acción en un delito estatal, otorgando a agentes estatales y locales la autoridad para arrestar a personas en la frontera, una tarea que competencia exclusiva de las autoridades federales.
La propuesta legislativa también criminalizaría el reingreso al país de aquellos a quienes se les ha negado la admisión o si ya han sido excluidos, deportados o expulsados de EEUU anteriormente. Esta decisión la tomaría un juez estatal, no uno del sistema migratorio federal.
La medida también proporcionaría inmunidad civil a agentes locales por daños derivados de acciones tomadas durante su cumplimiento y también incluye derecho a indemnización en caso de sufrir daños durante su aplicación.
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