Expertos advierten que despidos en el servicio de inmigración traen consigo un aumento en las deportaciones
Los despidos de empleados en el servicio de inmigración aumentan las preocupaciones en la comunidad inmigrante, sobre todo en aquellos extranjeros que tienen trámites pendientes y dependen de una respuesta a tiempo para no quedar expuestos a la acumulación de tiempo ilegal de permanencia y colocándolos, por consiguiente, en la ruta de las deportaciones.
Hasta ahora no se conocían detalles de los despidos, pero una reciente publicación en la página web de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), revela un problema que, a simple vista, pasa desapercibido, pero impacta directamente en unos 10 millones de casos.
La nota dice que “el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Maryland emitió una Orden de Restricción Temporal en el caso Maryland, et al. contra el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, et al., N.° 25-cv-00748, Expediente N.° 43 (D. Md.) el 13 de marzo de 2025”.
Agrega que USCIS “ha hecho todo lo posible por contactar a todas las personas afectadas que fueron despedidas por USCIS el 14 de febrero de 2025”. E instruye a los trabajadores que perdieron sus trabajos que, “si considera que su empleo se encuentra dentro de los límites de la orden del Tribunal y no ha sido contactado, por favor, escriba a uscis-ochco@uscis.dhs.gov”.
Quienes lo hagan deben “adjuntar un documento protegido con contraseña que incluya su nombre completo, sus fechas de empleo en USCIS (incluida la fecha de despido) y otro factor de identificación, como su fecha de nacimiento o número de Seguro Social”.
Precia la agencia federal, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que “si se le identifica como una persona cuyo despido se enmarca en la orden judicial, su empleo será restituido a partir del 17 de marzo de 2025”. Pero advierte que “tras su reincorporación, se le aplicará una licencia administrativa, que consiste en una situación de ausencia de trabajo remunerada”.
Es decir, el trabajador seguirá ganando un sueldo, pero la agencia no dispondrá de su trabajo, lo que genera preguntas que no tienen respuestas. Una de ellas, la principal, es: ¿Cómo hará la USCIS para procesar los casi 10 millones de solicitudes de beneficios que estaban pendientes al 30 de septiembre de 2024, el último dato disponible hecho público?
Los casos acumulados en USCIS
De acuerdo con la base de datos de USCIS, a finales del año fiscal 2024 los principales atascos en la agencia se ubican en los siguientes trámites:
- Formulario I-130 (petición familiar): 2.194,373 casos
- Formulario I-589 (asilo afirmativo): 1.244,743 casos
- Formulario I-765 (permiso de trabajo): 1.180,517 casos
- Formulario I-486 (ajuste de estatus): 1.007,953 casos
- Formulario I-821 (DACA y TPS): 585,833 casos
- Formulario N-400 (Naturalización): 507,412 casos
- Formulario I-131 (permiso de viaje): 436,097 casos
- Formulario I-918 (petición de visa U): 396,963 casos
“Los despidos no van a acelerar los casos”, advierte Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “La falta de personal agrava el problema. Y deben considerar que si los despidos no contemplan reemplazos, quienes se queden tendrán que duplicar sus esfuerzos y esa presión genera renuncias. Y se a esto se agregan renuncias, entonces veremos un problema mayor para el cual la agencia no está preparada”.
Barrón dijo además que “las remoras, que ya en septiembre del año pasado eran graves, se volverán insoportables, sobre todo para los cientos de miles de inmigrantes que están esperando sus permisos de trabajo, renovaciones de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), asilo, residencia legal permanente y ciudadanía por naturalización. Todo se encuentra afectado”.
USCIS no usa fondos de los contribuyentes
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero para un segundo mandato, miles de empleados del gobierno federal han sido despedidos como parte de un programa a cargo de la Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderada por Elon Musk. Uno de los principales objetivos del millonario es reducir en unos $2,000 millones el presupuesto federal estimado en $6,750 millones, además de reducir con los despidos el tamaño del gobierno, otro de los objetivos plasmados en el Proyecto 2025, elaborado por la conservadora Fundación Heritage.
Pero el presupuesto para la mayoría de las operaciones de la USCIS no proviene de los fondos asignados por el Congreso, sino de las cuotas que cobra a los inmigrantes cuando solicitan beneficios legales disponibles.
“La inmigración se basa en los honorarios de los inmigrantes, no sale del gobierno”, explica Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Es una maña que están haciendo con los despidos. No están haciendo a la agencia más eficiente, sino que están afectando el flujo de trabajo y con ello los tiempos de procesamiento y de espera. Ahora la residencia tarda más de un año, un trámite que antes se hacía entre tres y cinco meses”.
Gálvez también explicó que las demoras “tienen doble impacto en los inmigrantes”. Indicó que los extranjeros que renuevan sus permisos de trabajo, debido a los atrasos, “muchos que quedarán un tiempo sin empleo por tener sus tarjetas vencidas. Y eso también los puede afectar en caso sean detenidos por agentes de inmigración”.
También mencionó demoras en el trámite de los perdones provisionales. “Antes tardaban cinco años, durante la pandemia las esperas se dilataron hasta más de seis años y ahora con esto no sabemos cuánto tiempo deberán esperar”.
El perdón provisional de USCIS, también denominado exención provisional (I-601), permite a ciertos familiares de ciudadanos estadounidenses (cónyuges) que han sido inadmisibles por presencia indocumentada, pedir una exención antes de salir para su entrevista de visa en un consulado estadounidense y pedir una visa de inmigrante para poder regresar. Este beneficio evita que le caiga encima la Key del Castigo o de los 10 años.
En 2023, durante lka última alza de tarifas de USCIS, la agencia reiteró que los precios que cobra por sus servicios se revisan cada dos años para "recuperar el costo total de las operaciones de la agencia, incluidos la expansión necesaria de los programas humanitarios, los aumentos salariales exigidos por el gobierno federal, los requisitos adicionales de personal y otras inversiones esenciales”. También precisó que recibe aproximadamente “el 96% de sus fondos de las tarifas de presentación, no de las asignaciones por parte del Congreso”.
Los inmigrantes son los más afectados
Para la abogada Rebeca Sánchez-Roig, quien ejerce en Miami, Florida y durante más de 15 años fungió como fiscal de inmigración para el Departamento de Justicia (DOJ), “cada vez que se despide a un número significativo de personal en USCIS o en la Corte de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), la parte afectada es el inmigrante que espera que un oficial de USCIS o un juez de inmigración adjudique su caso”.
“Este resultado es simple, un problema de matemática básica, la misma que le enseñamos a los niños pequeños usando un pastel. El pastel se divide en seis porciones, pero debe servirse a 15 invitados. Luego, dos personas más quieren el pastel, y ahora las seis porciones deben servirse a 17, y así sucesivamente”.
Sánchez-Roig añade que “tomará muchos años despachar los casos que tenemos actualmente, sin aumentar los que están pendientes. Sin embargo, se presentan casos ante USCIS y EOIR a diario, lo que aumenta significativamente el número de expedientes que deben resolverse. El despido de personal reduce la cantidad de personas disponibles para resolver y retrasa aún más el proceso”.
“Las demoras en el proceso de resolución, ya sea en USCIS o EOIR, afectan negativamente a los inmigrantes que esperan entrevistas o que sus casos sean escuchados en los tribunales; y, además, son más costosas para el país porque los casos se procesarán durante mucho más tiempo”, advierte.
La abogada también precisó que, “los despidos sobrecargan un sistema de inmigración ya de por sí saturado y anticuado, con casi 10 millones de casos atrasados. Cuando el personal federal se ve obligado a resolver casos con temor —temor a ser despedido, a ser denunciado por alzar la voz o por intentar cumplir con sus deberes de forma ética y responsable— creamos un sistema debilitado e injusto; uno donde se toleran, e incluso pueden incentivarse, las violaciones del debido proceso”.
“Con estos atrasos, a menudo viene un aumento de las detenciones, el impacto psicológico de estar encarcelado, el impacto perjudicial del encarcelamiento en una familia y el hecho de que a menudo le hacen creer a uno, mientras está detenido, que su única solución es la deportación”, concluyó Sánchez-Roig.