Protocolos de Protección de Migrantes

El Congreso investigará el "peligroso" programa que envía a solicitantes de asilo a México

En una carta enviada al director interino de Seguridad Nacional, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes informa de la apertura de la investigación del programa que "expone a miles de personas a amenazas de muerte, violencia sexual y secuestros mientras esperan en condiciones extremadamente peligrosas a que sus casos de asilo sean escuchados".
14 Ene 2020 – 01:31 PM EST

El comité Judicial de la Cámara de Representantes anunció este martes que abrirá una investigación del programa conocido como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) por el que el gobierno de Donald Trump ha enviado a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar en México mientras avanzan sus casos en cortes de EEUU.

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En una carta dirigida al secretario interino de Seguridad Nacional Chad Wolf , el presidente de ese comité, el demócrata de Nueva York Jerrold Nadler, y la presidenta del subcomité de inmigración, Zoe Lofgren (demócrata de California) cuestionan la legalidad de la política y su impacto en poblaciones vulnerables.

"Como le hemos escrito antes, MPP es inconsistente con la autoridad estatutaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y expone a miles de personas a amenazas de muerte, violencia sexual y secuestro mientras son obligadas a esperar en condiciones extremadamente peligrosas antes de que sus solicitudes de asilo sean escuchadas", se puede leer en la carta.

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La iniciativa, que también cuenta con el apoyo de los congresistas demócratas Pramila Jayapal (Washington), Veronica Escobar (Texas), Sylvia Garcia (Texas), Joe Neguse (Colorado), Debbie Mucarsel-Powell (Florida) y Lou Correa (California), cuestiona que miles de solicitantes de asilo tengan que esperar indefinidamente en México sin que se respete el debido proceso y sin consejo legal.

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"Esta política peligrosamente defectuosa amenaza la salud y la seguridad de solicitantes de asilo legítimos, entre ellos mujeres niños y familias, y debe ser abandonada", se lee en la carta.

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Según la misma, funcionarios del gobierno de Trump "no han podido o no han querido responder a preguntas básicas relativas a MPP" emitidas por miembros de esa cámara.

El programa ha sido fuertemente criticado por organizaciones que consideran que, con el envío a ciudades peligrosas de México de decenas de miles de solicitantes de asilo, se están llevando a cabo "abusos masivos a los derechos humanos", una idea que sustentan en los cientos de reportes de secuestros, violaciones, raptos, torturas y otros ataques violentos.

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El gobierno de Trump, sin embargo, ha rechazado las críticas y el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Mark Morgan, llegó a calificar las denuncias de violencia en México contra los solicitantes de asilo como "anécdotas".

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Para llevar a cabo la investigación, los congresistas le piden al DHS una lista de nueve requisitos entre los que están los siguientes:


  • Documentos y comunicaciones relativos a MPP emitidos entre el 20 de diciembre de 2018 y el 2 de enero de 2020.
  • El número total de individuos sujetos al programa detallando nacionalidad, género y edad, así como el número de familias por nacionalidad.
  • El número de personas a las que se sacó del programa y el motivo.
  • El número de entrevistas de 'nonrefoulement' (por las que los migrantes piden que no se les regrese a México porque supondría mandarlos a un lugar donde su vida estaría en peligro) y los resultados.
  • Documentos y comunicaciones relativas a las cortes en las carpas y las políticas de acceso a esas instalaciones.
  • Documentos y comunicaciones relativas a personas a las que se les concedió un alivio migratorio y fueron enviadas de nuevo a México.
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Según los datos más recientes de la Universidad de Syracuse, hasta noviembre más de 56,000 solicitantes de asilo habían sido enviados por EEUU a esperar el avance de sus casos a México. Hasta el momento, según esas estadísticas, solo el 4% de los migrantes que se presentan en las cortes de las carpas bajo el programa MPP lo han hecho acompañados de un abogado.

Esos mismos datos reflejan que la mitad de los migrantes enviados a México bajo MPP no se presentan a su primera audiencia de asilo algo que la universidad atribuye a "los muchos retos a los que los solicitantes de asilo hacen frente en las comunidades fronterizas en las que deben esperar".

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María, una guatemalteca de 27 años, fue regresada a México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que necesita protección porque era golpeada por su esposo. Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo solo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
Crédito: Almudena Toral/Univision
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La abogada de inmigración en San Diego Maricela Amezola dice que actualmente no tiene ningún caso de MPP, aunque asegura que podría tomar algunos sin costo alguno si los argumentos para pedir el asilo fueran contundentes. Explica que tiene pocos abogados en su despacho y que por eso no puede enviarlos un día entero a Tijuana a ayudar a los migrantes bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP). Cree que las posibilidades de que un caso de asilo prospere sin abogado son muy remotas, sobre todo por la complejidad de los cambios en la legislación de parte del gobierno de Donald Trump.
Crédito: Almudena Toral/Univision
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Una vista del pasillo en forma de caracol en El Chaparral, el punto fronterizo por el que decenas de migrantes centroamericanos retornados a México deben pasar cada vez que tienen su cita con un juez de inmigración en Estados Unidos. Una vez ante los oficiales de Estados Unidos, son recibidos y traslados en buses a las salas de corte.
Crédito: Almudena Toral/Univision
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La carta en la que una organización le notifica a una inmigrante retornada a México que no podrán representarla ante el juez de inmigración: "Nuestro equipo legal determinó que NO TIENE la capacidad para aceptar su caso en este momento", se lee en el correo. La negativa se explica porque esta organización, Jewish Family Services, solo tiene un abogado y dos representantes autenticados por el Departamento de Justicia. Entre ellos tres evalúan cuáles y cuántos casos pueden asumir considerando, por ejeplo, que la vida de las personas corra peligro por ser víctimas de la violencia o por razones médicas. Esta es la única organización en la frontera de California que está tomando casos de migrantes devueltos a México bajo los MPP.
Crédito: Almudena Toral/Univision
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El pastor Gustavo Banda Aceves dirige el albergue Embajadores de Jesús en Tijuana, donde casi 90% de los migrantes que allí duermen fueron devueltos a México para los MPP. Explica que la desesperación de los centramericanos por ver una solución en sus casos es tal que hace que muchos de ellos desistan y se devuelvan a sus países. Por eso y las dificultades para conseguir abogados, asegura, "la gente no quiere intentarlo más".
Crédito: Almudena Toral/Univision
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Brenda Esmeralda Ruiz, una salvadoreña, ha estado a punto de desistir varias veces, pero el pastor Banda le ha dicho que no se rinda, que siga buscando un abogado que la represente y pelee su caso en Estados Unidos. Ella huyó de su país porque su esposo la golpeaba frecuentemente y la acosaba, hasta que un día se cansó. Salir de El Salvador fue la mejor solución que encontró para poner fin a ese círculo de violencia. Cuando tomó la decisión le pidió a un amigo que la acompañara y se fueron hasta Tapachula. De ahí se montó en la bestia hasta Mexicali y de allí siguió hasta Tijuana. Hasta ahora solo ha tenido una corte. En ella el juez le pidió considerar volver con un abogado.
Crédito: Almudena Toral/Univision
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Diana Vidal, otra salvadoreña de 32 años, también está en Tijuana. Huyó porque tanto las pandillas como la policía acosaron a sus hijos y los obligaban a cumplir órdenes. Cuando ella puso la denuncia en la Fiscalía, la policía comenzó a golpear a los adolescentes e incluso la amenazaron de muerte. Y una noche llegaron miembros de la pandilla Máquina, una de las menos numerosas y quienes controlaban la zona en la que ellos vivían, y les dieron 30 minutos para tomar unas pocas cosas y marcharse de la casa. Así hicieron. Ahora tienen algunos meses en Tijuana. Dice frustrada que ha hablado con cinco abogados y que ninguno ha aceptado su caso. "El juez me dijo que tenía 87% de probabilidades de entrar (a Estados Unidos) con un abogado", dice. "El problema es que ninguno quiere venir aquí porque dicen que están saturados".
Crédito: Almudena Toral/Univision
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"Los inmigrantes vienen con la ilusión de que si no tienen dinero les asignarán un abogado, pero se decepcionan porque eso no ocurre", dice el pastor Alberto Rivera, que dirige el albergue Ágape, también en Tijuana. Cuenta que ve cómo los migrantes llegan con una hoja que les dan en Estados Unidos con una lista de posibles abogados probono y organizaciones sin fines de lucro: "Pero ellos llaman y llaman y cuando les contestan les dicen que están saturados". Hasta albergues como Ágape llegan personas que les dan asesoría legal, pero que en muchos casos no son abogados, explica: "Les dicen cómo llenar los documentos, pero en algunos casos ha habido dificultades porque han llenado formularios de forma errónea".
Crédito: Almudena Toral/Univision
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Un padre guatemalteco muestra los mensajes de texto con el que grupos criminales amenazaron a su familia e intentaron secuestrar a la hija adolescente desde su propio colegio. Ellos aseguran que su familia en Estados Unidos puede ayudarles a pagar un abogado que los represente, pero hasta ahora no han podido conseguir a ninguno que tome su caso.
Crédito: Almudena Toral/Univision
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Ahora esta familia espera en México el día de su corte. Entre sus miembros hay un bebé de apenas meses que la madre lleva entre brazos. Ella cuenta que mientras estuvieron en custodia de la Patrulla Fronteriza su hijo se enfermó por el frío; la llevaron a una clínica donde una doctora atendió al menor, pero cuando tocó pagar la cuenta, el funcionario que la trasladó se quejó por la cantidad alejando que ella no era estadounidense.
Crédito: Almudena Toral/Univision
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Daniela Díaz, una salvadoreña también esperando en Tijuana. Asegura que ha llamado a todos los números que le han dado en la lista de abogados y que hasta ahora ninguno si quiera le ha devuelto la llamada pese a que ha dejado mensajes de voz. "Esto me pasa cada vez que llamo", dice mientras escucha una de las grabadoras de una de las organizaciones con las que intentaba comunicarse.
Crédito: Almudena Toral/Univision
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