Así será la 'caravana nacional' para protestar contra la ley antiimigrantes de DeSantis en Florida
Faltando menos de dos semanas para la entrada en vigor de la Ley Migratoria de Florida S.B. 1718, la más dura en su tipo en Estados Unidos, organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes se organizan a nivel nacional para lanzar una serie de protestas antes, durante y después de que sea activada la polémica legislación.
La Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes en Los Ángeles planea formar una caravana de automóviles para recorrer varios estados días antes de que entre en vigor la ley, según dijo Una José Gutiérrez, director ejecutivo de la organización.
El activista dijo además que “desde 1994, cuando la mayoría de los votantes de California aprobaron la Proposición 187, los inmigrantes no se han enfrentado a una ley estatal antiinmigrante tan extrema y peligrosa como es el caso del gobernador Ron De Santis con la Ley SB-1718”.
La Proposición 187, patrocinada por republicanos, pretendía vetar a inmigrantes indocumentados de todos los servicios públicos, incluyendo la educación, pero semanas antes de la elección general cientos de miles de ciudadanos salieron a protestar a las calles y dieron vuelta los resultados de unos comicios cuyos resultados les hicieron perder a los republicanos el control del estado de California.
Preocupación nacional por la S.B. 1718
“Hoy, millones de hombres y mujeres trabajadores en todo Estados Unidos están preocupados de que pronto los casi 800,000 trabajadores indocumentados que se estima que viven, trabajan y pagan impuestos en Florida serán perseguidos, arrestados, encarcelados y deportados de manera expedita bajo los términos contenidos en S.B. 1718”, dijo Alicia Flores, directora ejecutiva del Centro Juvenil y Comunitario Hank Lacayo, en el condado de Ventura.
“Si no se detiene, la S.B. 1718 será recordada como la ley estatal más antiinmigrante, antilatina, antiobrera y antiempresarial de la historia de Estados Unidos. Debemos proteger todo el progreso que hemos logrado en nuestra gran nación. Nuestras comunidades, y nuestros amigos y aliados en otros estados y en todo el mundo, nos buscarán en busca de tranquilidad. Debemos ofrecerles una resolución de acero. Es lo menos que podemos y debemos hacer”, agregó.
Gutiérrez, por su parte, anunció una conferencia de prensa para hacer públicos detalles de la caravana que se llevará a cabo este martes en la Parroquia de Nuestra Señora Reina de los Ángeles (Our Lady Queen of Angels), ubicada junto al mural de la Virgen de Guadalupe en el callejón adyacente a la iglesia, señalaron los activistas.
Entre los convocantes también se cuenta la participación de la Coalición Quiero Mi Tarjeta Verde, los Comités de Morena del Sur de California, la Coalición Todos Somos Florida y otros miembros de la comunidad inmigrante del Sur de California y el liderazgo, señalaron.
Aunque no participan, también critican la S.B. 1718
En Washington DC, algunas organizaciones no habían recibido noticias de la convocatoria a protestas y caravanas hacia Florida en las semanas previas al 1 de julio. “Pero a pesar de que en estos momentos no estamos participando, apoyamos las iniciativas”, dice Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN).
“Esta ley (S.B. 1718) fue diseñada para alguien que corre para presidente, se trata de una estrategia de campaña. No protege a los ciudadanos de Florida, está basada en el odio y en asegurar un porcentaje de votos de electores antiinmigrantes”, agregó.
Núñez también dijo que “la S.B. 1718 no es una ley para gobernar, sino para ganar una elección, eso es todo”.
En Florida, también hay preparativos para eventos similares. “Nosotros vamos a seguir alzando la voz en contra de esta legislación y exponiendo a los congresistas que hicieron esto”, dice María Bilbao, coordinadora de campañas de la American Friends Service Committee (AFSC).
“Estamos pensando incluso en demandas en contra de esta ley antiinmigrante. Es la única manera en que podamos bajarla junto con movilizar a la población inmigrante antes del 1 de julio, en esa fecha y también después”.
Bilbao conformó además que el 1 de julio, cuando la iniciativa entre en vigor, habrá protestas en las localidades de Immokalee (centro de Florida) y Homestead (sur), las dos principales zonas agrícolas del estado.
Republicanos se contradicen con la S.B. 1718
La primera semana de junio durante una reunión convocada por líderes religiosos en Hialeah, una ciudad aledaña a Miami, para hablar sobre las consecuencias que traerá al estado la implementación de la S.B. 1718, sobre todo en el campo, un grupo de legisladores estatales republicanos que votaron a favor de la norma pidieron a los trabajadores inmigrantes que no se marchen del estado debido al miedo reinante de que serán arrestados por las autoridades y deportados de Estados Unidos.
Durante el encuentro, al que asistieron líderes religiosos, activistas por los derechos de los inmigrantes, los congresistas intentaron aplacar los temores señalando que la nueva ley, que convierte al estado en el más duro en materia migratoria, está dirigida los nuevos trabajadores inmigrantes, pero no a quienes ya tienen un empleo.
El representante Rick Roth, del distrito 85 en la Cámara de Representantes del estado, dijo que la S.B. 1718 “tiene huecos” (lagunas) que podrían afectar su implementación, sobre todo para que “los trabajadores temporales sean exentos” y que la nueva ley fue diseñada “específicamente para los empleadores” y no para los trabajadores.
Roth, quien además es un agricultor de tercera generación, dijo que las personas preocupadas o que (se sientan) afectadas “deben consultar a sus empleadores” respecto a los alcances de la legislación.
"Este es un proyecto de ley para meterle miedo a las personas que no vengan al estado de Florida", dijo la congresista republicana Alina García, quien asistió al evento junto con Roth y el legislador Juan Fernández-Barquin.
El cambio de postura o doble discurso utilizado por los congresistas está siendo denunciado por las organizaciones proinmigrantes quienes argumentan que las explicaciones serán incluidas en las demandas que se alistan para ser presentadas en los tribunales.
“Cuando hablamos de exponer a los autores de esta ley nos referimos a lo que sucedió en eventos como los de Hialeah”, dijo Bilbao. “Mostrar el doble discurso que confirma que esto se trata de una herramienta política de los republicanos”.
De qué se trata la Ley de Florida S.B. 1718
La S.B. 1718, entre otras medidas, exige a las empresas con 25 o más empleados utilizar el programa federal E-Verify para comprobar el estatus migratorio de sus trabajadores, obliga a los hospitales a recabar y compartir el estatus migratorio de sus pacientes y asigna $12 millones para el traslado de inmigrantes indocumentados a otros estados.
Una de las regulaciones más polémicas de la ley es que hace que el transporte a Florida de personas sin un estatus migratorio regulado sea un delito punible con hasta 15 años de prisión.
El gobernador Ron DeSantis califica de inmigrantes "ilegales" no solo a aquellos que se encuentran sin autorización por parte del gobierno federal para permanecer en Estados Unidos, sino también a aquellos no ciudadanos que llegaron a la frontera sur en busca de asilo, demostraron miedo o temor creíble si son deportados, fueron procesados, sus casos referidos a la Corte de Inmigración y luego liberados bajo el Programa Alternativa de Detención (ATD).
Abogados consultados por Univision Noticias reiteran que estas personas no se encuentran ilegalmente en el país, sino que fueron liberados bajo supervisión del gobierno federal (fianza o grillete electrónico) en espera de que un juez de inmigración decida sus futuros en Estados Unidos, tal y como lo estipula el debido proceso.
Otras medidas de la S.B. 1718
- Convierte en un delito grave el uso de una identificación falsa para obtener la elegibilidad de empleo;
- Permite la revocación de licencia de operaciones o multas considerables si un empleador viola los requisitos de E-Verify cuatro veces en un período de 24 horas;
- Limita el acceso a puestos de trabajo a personas que tienen estatus migratorio no regulado;
- Obliga a los hospitales que aceptan Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes, incluso cuando visitan la sala de emergencias, y a informar regularmente sobre el costo de la atención brindada a los pacientes sin un estado migratorio regulado a la AHCA y la legislatura;
- Hace que el transporte de personas sin un estatus migratorio regulado al estado de Florida sea un delito punible con hasta 15 años de prisión. Esto incluye acusarlo de un delito grave por regresar al estado de Florida cuando vive aquí de forma permanente. El resumen del plan "establece sanciones penales para las personas que a sabiendas y deliberadamente violen, o que razonablemente deberían saber y violar, ciertas disposiciones relacionadas con el transporte a este estado de personas que ingresaron a EEUU ilegalmente y sin la inspección del gobierno federal";
- Castiga la entrada al estado por turismo o reuniones de negocios con amigos, compañeros de trabajo o familiares sin un estatus migratorio regulado;
- Prohíbe la financiación de programas comunitarios de identificación a nivel de ciudad y condado;
- Anula la validez de las licencias de conducir emitidas legalmente por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin un estatus migratorio regulado;
- Deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que todavía están regulando su estatus migratorio; y
- Requiere que las agencias de aplicación de la ley recolecten muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y están detenidas bajo una solicitud de detención federal.