Sessions ordena que las ciudades santuario cooperen con ICE o perderán fondos de Justicia

El fiscal general Jeff Sessions anunció este martes que cada localidad de Estados Unidos deberá permitir que agentes migratorios entren a sus cárceles y cuestionen sobre el estatus migratorio de cualquier detenido para ser elegibles al mayor programa de fondos federales de justicia criminal del país.

De esa manera, el fiscal general busca implementar el ultimátum que dio a las ciudades santuario en marzo, cuando aseguró que le quitaría fondos federales del Departamento de Justicia que lidera si continuaban limitando su cooperación con las deportaciones al mínimo requerido por la ley.

En concreto, Sessions estableció este martes nuevas reglas de elegibilidad para los millonarios fondos conocidos como Byrne JAG, que son distribuidos entre los estados y las localidades del país para invertirse en agentes de seguridad, cortes, programas de prevención de crimen y otras iniciativas. El fiscal general dejó claro que su intención con las nuevas reglas es eliminar las políticas santuario en Estados Unidos.

"Las llamadas políticas 'santuario' nos dejan a todos menos seguros porque intencionalmente socavan nuestras leyes y protegen a extranjeros ilegales que han cometido crímenes. Estas políticas también fomentan la inmigración ilegal y hasta el tráfico de humanos, al perpetuar la mentira de que, en ciertas ciudades, los extranjeros ilegales pueden vivir por encima de ley", afirmó Sessions en su anuncio.

Bajo las nuevas normas, cada beneficiario del programa de fondos federales deberá "permitir que el personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entre a cualquier instalación de detención para reunirse con un extranjero y preguntar sobre su derecho de permanecer en Estados Unidos" y "otorgar un aviso con al menos 48 horas de anticipación al DHS sobre la fecha y hora de liberación de un extranjero en custodia de esa jurisdicción cuando DHS pida tal aviso para tomar custodia del extranjero".

Cada beneficiario también deberá certificar que cumple la Sección 1373 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que obliga a cada jurisdicción a comunicarle al gobierno sobre el estatus migratorio de cualquier persona en su territorio.

La administración de Trump ha insistido en que las jurisdicciones santuario violan esta parte de la ley federal. Pero expertos aseguran que se trata de una malinterpretación legal, algo que quedó evidenciado cuando el presidente inlcuyó en su presupuesto un truco buscando expandir el alcance de esa ley para obligar a las jurisdicciones a cooperar con las deportaciones.