Un juez de Maryland avala la cancelación de DACA, pero el programa sigue vigente

Un juez federal de Maryland consideró legal la decisión tomada en septiembre por el presidente Donald Trump de acabar con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocida como DACA. Sin embargo, este fallo no afecta la reactivación del programa ni la renovación de permisos de trabajo para sus beneficiarios, pues el caso continúa en litigio en una corte superior.

El juez Roger W. Titus explicó en su decisión de 30 páginas, anunciada el lunes tarde por la noche, que Trump tenía la autoridad para acabar con el programa y que el Congreso de Estados Unidos es el único que puede hacer cambios en las leyes de inmigración.

"Debido a la creencia razonable de que DACA fue ilegal, la decisión de desfasarlo de forma ordenada fue racional", se lee en el documento citado por la agencia AP, por lo que tras el anuncio de Trump el Congreso tiene seis meses para hacer las enmiendas necesarias.

La Corte de Maryland fue una de las que recibió demandas contra el gobierno, junto a la de Nueva York, California y el Distrito de Columbia tras la cancelación del programa. Tanto California como Nueva York, ya decidieron el 9 de enero y el 13 de febrero respectivamente: obligaron a reactivar el programa y permitir la renovación de sus permisos de trabajo a aquellos que ya estaban inscritos. En ambos dictámenes, los tribunales dijeron que el gobierno actuó de manera "arbitraria". Por eso el anuncio de Maryland no afecta lo establecido por las otras cortes, a pesar de que el juez Titus criticara los fallos al considerarlos una "indebida intromisión política".

Tras el fallo del 9 de enero, el Departamento de Justicia apeló la decisión ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito para revertir el dictámen que revivió DACA. Simultánemente, le solicitó a la Corte Suprema que revise con carácter de urgencia el fallo de la corte de California. El máximo tribunal de justicia decidió no aceptar el pedido del gobierno y permitir que continúe el debido proceso, es decir, que el gobierno espere lo que decida finalmente la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

DACA fue creado en 2012 y actualmente protege de la deportación a casi 700,000 jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños por sus padres.

Para el juez Titus, los comentarios de Trump contra los indocumentados son "irrelevantes" a los asuntos relacionados con la Acción Diferida. Aunque sí insistió en que el gobierno de Trump no puede utilizar la información personal de los beneficiarios del programa para expulsarlos del país y que para hacerlo deberá solicitar una orden judicial para cada caso.

Para el portavoz del Departamento de Justicia, Devin O'Malley, la declaración del juez de Maryland es una "buena noticia". "Pese a estos obstáculos, el Departamento de Justicia continuará defendiendo la promoción y cumplimiento del imperio de la ley, que es tan vital para proteger a una nación, sus fronteras y a sus ciudadanos", aseguró en su comunicado.

Tras la cancelación de DACA el pasado 5 de septiembre, Trump le dio un plazo de seis meses al Congreso para aprobar una ley que legalice la permanencia de los dreamers, pero hasta el momento los demócratas y republicanos no han alcanzado un acuerdo bipartidista y bicameral, dejando a los beneficiarios de DACA sumidos en un limbo migratorio.

Desde ese momento, los demócratas aseguran que en ambas cámaras del Congreso han sido presentados al menos 14 proyectos de ley, pero Trump rechazó todas las iniciativas bipartidistas y advirtió que solo aceptará un plan que incluya sus propuestas migratorias, entre ellas la construcción del muro fronterizo.

A finales de enero la Casa Blanca de Trump entregó un marco de principios que incluyó un camino a la ciudadanía para 1.8 millones de dreamers a cambio de $25,000 millones para seguridad fronteriza que incluye, entre otras cosas, el muro con México, reducir la reunificación familiar, activar un sistema de inmigración basado en méritos, reducir la inmigración legal en un plazo de 10 años, aumentar las redadas, eliminar la lotería de visas y acelerar las deportaciones.

Los demócratas han advertido que estarían dispuestos a aprobar los fondos para el muro, pero rechazan cualquier intento de Trump por reducir la reforma migratoria a los dreamers y dejar a los otros 9 millones de indocumentados al borde de la deportación de Estados Unidos.

Mientras tanto, los dreamers han continuado protestando y aseguran que se mantendrán en esa actitud hasta que haya una solución migratoria para ellos. Además de protegerlos de la deportación, DACA concede a estos jóvenes una autorización de empleo temporal renovable cada dos años.