Quieren enjuiciar de nuevo a una mujer que habían condenado erróneamente a 30 años de cárcel por un aborto involuntario
La justicia de El Salvador quiere devolver a prisión a Evelyn Hernández. Este lunes la fiscalía buscará acusarla por segunda vez del aborto involuntario de su bebé y dejarla encerrada por 30 años, la pena máxima. Esto a pesar de que la joven de 21 años ya había sido exculpada en febrero por un tribunal, que no halló elementos para hacerla responsable por la emergencia obstétrica que sufrió y declaró nulo el primer juicio y su sentencia.
"Cuando quedó libre fue un momento emocionante", cuenta al teléfono una de sus abogadas, Angélica Rivas. No se pudo demostrar ni que ella estaba conciente en el momento del parto, ni que alguien pudo intervenir para que el bebé aspirara el meconio (sus propias heces). "Pero ahora viene este juicio y hasta que no acabe la pone emocionalmente complicada. Ella está nerviosa porque ya la condenaron una vez".
Univision Noticias visitó en 2018 a Hernández en Ilopango. En esa ocasión ella contó que cuando la condenaron la primera vez en su cabeza solo rodaba un pensamiento: el de quitarse la vida. Los años que la dejarían encarcelada eran 30, casi el doble de los 17 que había vivido. Mientras tanto, el pandillero que la violó —en reiteradas ocasiones bajo amenaza— y la embarazó estaba en libertad. Lucía triste, lloraba fácil, hablaba poco.
Desde febrero, la salvadoreña ha intentado lentamente rehacer su vida. Estudia computación, trabaja con un familiar, vive de nuevo junto a su familia. Apenas han pasado cinco meses desde que la decisión de un tribunal le devolvió la libertad. Pero la fiscalía no lo aceptó.
En El Salvador el aborto es un delito sin importar que la vida de la madre haya estado comprometida en medio de una emergencia obstétrica. En los últimos 20 años el Estado ha condenado a décadas de prisión a decenas de jóvenes pobres violadas por sus padrastros, pandilleros o vecinos, y cuyos embarazos son producto de esa brutalidad, como le pasó a Evelyn. Son acusadas de asesinar a sus hijos sin importar lo que ellas puedan explicar. Según registros de la organización Women's Equality Center (WEC), existen 149 casos de mujeres condenadas por la muerte de sus bebés en este país centroamericano: 17 de ellas están privadas de libertad.
En el caso de Evelyn, ella ni siquiera sabía que estaba embarazada cuando perdió a su bebé. Pasó en abril de 2016: tuvo un fuerte dolor de barriga, pujó para defecar, sintió que se le desprendía el estómago y se desmayó mientras se desangraba en el suelo. Cuando se despertó ya estaba en el hospital y, en lugar de atenderla, le dijeron que estaba siendo investigada por haber tenido un aborto espontáneo. "Si te duele es tu culpa", le recriminó la doctora que la atendió al pedirle que abriera las piernas.
"En un proceso penal normal quien tiene la carga probatoria es la Fiscalía, porque se presume la inocencia del acusado. Pero en El Salvador, en los procesos contra mujeres, es la defensa a quien le toca demostrar la inocencia", critica Paula Ávila-Guillén, directora de iniciativas de América Latina en WEC. Son criminalizadas, asegura, y siempre se trata de mujeres pobres. "Hay un ensañamiento de la Fiscalía que persigue la criminalización de la pobreza. Y cuando una mujer no está lo suficientemente empoderada y se queda callada o es tímida, se asume como una señal de su vulnerabilidad y dicen: 'Ella está callada, es culpable'".
La esperanza: un cambio de liderazgo
En otros países, un juicio podría llevar días e incluso meses. Pero cuando se trata de un caso de aborto en El Salvador, puede ser un asunto de horas, un juicio exprés. Los abogados de Hernández temen por eso que este mismo lunes, la Fiscalía puje por la condena y ella sea llevada a prisión.
Sin embargo, tienen una esperanza: hay un nuevo presidente en El Salvador desde febrero, Nayib Bukele, y también un nuevo fiscal general, Raúl Melara Morán. Y el primero dijo en el calor de la campaña que aceptaría como una de causal para el aborto que la vida de la madre esté en peligro: "No asumamos presunción de culpabilidad en una mujer pobre que tuvo un aborto espontáneo. Cuando una persona con recursos tiene un aborto su médico la trata y nadie la cuestiona", dijo en un conversatorio citado por la web El Salvador Times.
Ávila-Guillén asegura que este es el primer caso al que se enfrenta el nuevo gobierno. "Si el Ejecutivo decide tomar o no una decisión, la que sea, va a enviar una señal de qué tipo de administración quiere dar: una que llame a la no criminalización de las mujeres más pobres o a una que va seguir ignorando esos clamores", asegura al referirse a la descriminalización del aborto que ha sido pedida por activistas durante años. "Este es su momento de demostrar si todo lo que ha dicho es verdad".
La abogada reitera que en el caso de Hernández "no hubo delito, sino una emergencia obstétrica". Eso es lo que defenderán, aunque no les dejen presentar pruebas. Ella espera que la nueva Fiscalía tenga una actuación distinta, sin prejuicios.