De Sudamérica a seis puertos mexicanos, la ruta marítima que define el mapa del narcotráfico
Hace 13 años, el gobierno de México impulsaba un ambicioso proyecto buscando integrar al puerto de Ensenada, Baja California, a las operaciones del complejo portuario más grande de Estados Unidos, el de Long Beach-Los Ángeles. Ofrecía terminales marítimas en expansión, localizadas al sur de Tijuana, como una opción ante la falta de infraestructura en California por el enjambre de buques con productos asiáticos.
Era una iniciativa binacional que parecía viable, pero jamás prosperó. Hoy, el puerto de Ensenada es un sitio que se disputan tres carteles del narcotráfico por su estratégica ubicación cerca de la frontera. ¿El resultado? Más de 270 homicidios este año en una pequeña ciudad que antes era conocida por su avenida principal repleta de bares, sus viñedos y los cruceros que llevaban turistas estadounidenses.
El control de ese territorio lo pelean a tiros y sobornos los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los remanentes del grupo criminal de los hermanos Arellano Félix.
Ensenada es valiosa por varias razones: en sus montañas ya cultivan miles de plantas de amapola y marihuana, se ubica a una hora y media en automóvil de la frontera, desde su costa zarpan las lanchas con narcóticos e inmigrantes que llegan hasta las playas de California, y su puerto permite recibir cargamentos de cocaína y precursores químicos para elaborar drogas sintéticas.
Dos incidentes violentos marcaron a ese destino turístico este año: el asesinato de Jael José Morales, quien era un lugarteniente los Arellano Félix, y el de Juan Francisco Chávez, un mando policiaco de la ciudad. En meses recientes, las autoridades han arrestado a varios sicarios “de alto perfil” que operaban en esa localidad y decomisaron cargamentos de cocaína que ocultaron dentro de contenedores.
Pero Ensenada es solo una de las ‘plazas’ más codiciadas por el crimen organizado. De acuerdo con el diario El Universal, hay otras cinco localidades que se volvieron fundamentales para el trasiego de cocaína desde Sudamérica a través de sus puertos: Mazatlán (que domina el Cartel de Sinaloa), Colima y Lázaro Cárdenas (del CJNG), La Paz (una zona que pelean los carteles de Sinaloa y de Jalisco) y Ciudad del Carmen (en un territorio controlado por Los Zetas y los remanentes del Cartel del Golfo).
La mayoría de esas terminales marítimas están en el Pacífico, una extensa franja que se reparten tanto el poderoso grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, como la empresa criminal de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y los hijos de su compadre Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Citando un reporte de inteligencia de la Secretaría de Marina, el diario capitalino El Universal informa que en los primeros 15 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (quien asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018) han decomisado 144 toneladas de distintas drogas en 22 de los 102 puertos de ese país. Resalta que alrededor del 80% de esas incautaciones ocurrieron en Mazatlán, es decir, eran del Cartel de Sinaloa.
Dicho informe señala que han descubierto narcóticos que colocaron en sumergibles pequeños o dentro de contenedores adheridos al casco de las embarcaciones. La mercancía provenía de Colombia, Perú, Ecuador y Panamá.
En varias ocasiones, según comunicados de la Secretaría de Marina, la droga se ocultó entre mercancía legítima. A finales de mayo, por ejemplo, detectaron que más de 169 toneladas de sustancias ilícitas dentro de un contenedor que transportaba costales de jabón en polvo, que llegó a Ensenada en un buque llamado ‘Kure’ y que procedía de China. Los olfatearon dos perros de la corporación militar.
Tiburones con cocaína adentro
Con el objetivo de “rescatar las aduanas”, el presidente López Obrador ordenó en julio que la Secretaría de Marina, una de las instituciones en las que más confían las autoridades estadounidenses, tomaran el mando de todos los puertos del país. Explicó que la decisión la tomó por la mala administración de las terminales marítimas, el mal manejo de sus instalaciones y la corrupción en varios niveles.
López Obrador dijo entonces que “todo lo que tenía que ver con aduanas estaba muy podrido”, refiriéndose a la introducción de armas, droga y dinero ilícitos a través de esos puntos de control. Subrayó que ese sistema lo tenía “secuestrado” el crimen organizado con la complicidad de funcionarios que estaban en su nómina.
Uno de ellos era un exlegislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quien el actual gobierno lo nombró administrador aduanal del puerto de Progreso, en Yucatán. Las acusaciones señalan que traficó con pepino de mar (una especie marina en peligro de extinción que tiene un alto costo en Asia), maderas finas y “tiburones con cocaína adentro”, según explicó a la agencia AP Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Hasta julio había seis investigaciones abiertas contra presuntos funcionarios aduanales corruptos, mientras que cinco oficiales habían sido retirados de sus cargos por esa razón y otros dos renunciaron.
La medida de López Obrador trata de replicar la reducción en decomisos de droga registradas en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que desde 2013 administra la Marina. Ese importante sitio llegó a estar bajo el poder del Cartel de Los Caballeros Templarios, pero ahora lo tiene el Cartel de Jalisco.
Reportes de la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA) advierten que hasta ese puerto y el de Colima llegan precursores químicos desde Asia que le permiten al CJNG elaborar drogas sintéticas que envía a EEUU. La agencia señala que ese elemento, sumado a su creciente poderío en varios estados del país, incluyendo regiones fronterizas, le ha permitido convertirse en el cartel más grande de México.