La DEA pide la extradición de un candidato a alcalde de México por el partido del presidente López Obrador
El hombre que camina por mercados y plazas públicas pidiendo el voto para ser alcalde de un municipio del estado mexicano de Michoacán, es el mismo que aparece en la página de la Administración para el Control de Drogas (DEA) por un caso de narcotráfico pendiente en una corte federal de Texas. Se llama Rogelio Portillo Jaramillo, tiene 41 años y compite por la alcaldía de Huetamo.
A pesar de que los candidatos deben demostrar que no tienen antecedentes penales, él logró registrarse como aspirante del partido político Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que el presidente Andrés Manuel López Obrador fundó bajo el lema “No mentir, no robar y no traicionar”.
Jaramillo ha negado a diversos medios de comunicación que tiene cuentas pendientes con la justicia estadounidense y asegura que incluso ha tratado de hablar con la DEA para pedirle una explicación. Afirma que es un empresario que tiene un negocio legítimo de entrega de agua y un grupo musical.
Pero una acusación federal fincada en el Distrito Sur de Texas del Departamento de Justicia (DOJ) lo menciona como cómplice en la distribución de cocaína que hace dos décadas realizaba en esa región la organización criminal que dirigía su padre, Edilberto Jaramillo, apodado ‘Beto’ y ‘Canario’.
La ficha informativa de la DEA advierte que es un fugitivo “armado y peligroso”, que tiene un cargo pendiente en una corte federal de Houston por conspiración para distribuir drogas.
“Dicen que la DEA me está buscando… No sé cómo no me encontraron. Mi número de teléfono es un registro público”, dijo Portillo Jaramillo en un evento de campaña reciente.
En videos que su equipo de campaña comparte en las redes sociales se le observa en actos proselitistas en calles, negocios y plazas públicas. En sus discursos ya anticipa que, si gana la contienda, buscaría la reelección o una curul en el congreso de su estado. “Voy a venir con ustedes: ‘Apóyenme’. Y si me porté bien, me van a apoyar”, dijo en un mitin la tarde del pasado 30 de abril.
Sus simpatizantes le dicen de cariño ‘Canario’, tomando el apodo de su padre y el nombre del popular grupo musical que fundó en la década de 1980, Beto y sus Canarios. El conjunto interpreta baladas y también narcocorridos.
Cabe señalar que los funcionarios electos en México no pueden ser arrestados en su país, ni siquiera por un caso criminal pendiente en EEUU, por una garantía llamada fuero constitucional. Para ello deben someterlos ante un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados.
Los familiares del ‘Canario’
La vocera de este candidato dijo a Univision Noticias que Portillo Jaramillo ya había hablado sobre la acusación de la DEA con otros medios de comunicación y se comprometió a buscar un espacio para una entrevista telefónica, pero no la agendó hasta la publicación de esta nota.
El municipio que este hombre quiere gobernar se encuentra en la región conocida como Tierra Caliente, que disputan el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos criminales. Los medios reportan que él es primo de Francisco Jaramillo, alias ‘Chico’, quien presuntamente es un jefe local del CJNG.
‘Chico’ Jaramillo fue arrestado por las autoridades mexicanas el año pasado por un asesinado ocurrido en Zirándaro, en el estado vecino de Guerrero.
Mientras que su tío, Gregorio Portillo, alcalde de Zirándaro, fue secuestrado unas horas por un comando armado a mediados de marzo. También raptaron a sus escoltas. No hace mucho, Gregorio Portillo se ofreció como mediador entre carteles para detener la violencia en esa zona.
La DEA también busca a otro miembro de esta familia michoacana: Marcelino Portillo Mendoza. Su caso por narcotráfico fue presentado igualmente en una corte federal de Houston. Marcelino es tío del candidato de MORENA.
‘Beto’, el narco de Michoacán
La investigación contra la organización criminal de la familia Portillo se originó en noviembre de 2005, cuando agentes de la DEA comenzaron a vigilar el centro nocturno ‘Carnaval’ en Houston, cuyo dueño era Edilberto ‘Beto’ Portillo.
En ese lugar se entregaban cargamentos de cocaína. Uno de sus transportistas era Donald Hartwig, a quien le decomisaron 388 kilos de la droga después de que visitó el negocio de Portillo. La mercancía ocupaba toda la cajuela de un Lincoln Town Car.
Hartwig les dijo a los oficiales antinarcóticos que la célula de Portillo le había entregado el producto y que estuvo en comunicación vía telefónica con ‘Beto’ en su viaje hacia la ciudad de Atlanta, Georgia. Contó que unos “hombres mexicanos” habían rentado el coche y se lo dieron cargado.
Agentes federales fueron a la casa de la persona que alquiló el Lincoln, Ernesto Cureno, alias ‘Chilango’, quien “admitió que rentó el auto para miembros de la organización de drogas de Portillo”. Mencionó que temía por su vida al cooperar con las autoridades advirtiendo que el grupo era “grande y violento”, según la declaración jurada del oficial de la DEA, Roy Brashier.
Carlos Guillermo Gómez Domínguez, un narcotraficante detenido en Atlanta por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en abril de 2006, dijo que a principios de 2004 comenzó a comprarle cocaína a ‘Beto’ Portillo a un costo de 19,000 dólares por kilo. Detalló que le vendía entre cinco y ocho kilos cada semana y que lo largo de dos años le había entregado alrededor de 100 kilos.
Edilberto Portillo comenzó a traficar narcóticos en Texas al menos desde 1999 y participó en el lavado de unos dos millones de dólares, de acuerdo con la acusación. Lo arrestaron en 2006 y tres años más tarde se declaró culpable del cargo de distribución de cocaína.
El caso de este narco michoacano estuvo ligado al proceso penal de su abogado Abraham Moses Fisch, quien fue condenado a 15 años de prisión en 2015 por hacer falsas promesas a sus clientes y por lavado de dinero.
Fisch le afirmó a ‘Beto’ Portillo que si le pagaba un millón de dólares llamaría a “su gente” en Washington DC para sacarlo de prisión. Le aseguró que tenía contactos con el Departamento de Justicia y con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), describe la acusación.
Los operadores de ‘Beto’ Portillo le entregaron al abogado 450,000 dólares en efectivo y el resto se lo pagaron por medio de cheques durante varios meses. Sin embargo, la imputación jamás fue retirada.