Univision Noticias puso 10 brazaletes de silicona en trabajadores del campo y demostró que todos estuvieron expuestos a múltiples pesticidas en su día a día, una conclusión a la que también han llegado los científicos.
José Soria, Hortencia Ramírez y Carlos Candelario son las voces de esta historia.
Sus testimonios muestran las consecuencias de la exposición a pesticidas y cómo la regulación se queda corta para protegerlos en uno de los países con mayor aplicación de plaguicidas en el mundo.
Este proyecto fue realizado con el apoyo y mentoría de The International Women’s Media Foundation, Fund for Investigative Journalism y USC Annenberg Center for Health Journalism’s National Fellowship.
José Soria se negó a retomar la limpieza de un campo de camote en Carolina del Norte. En horas, la erupción que había invadido el lado izquierdo de su abdomen se transformó en dolorosas ampollas que le bañaron la piel de pus. Su patrona le dio una pomada y atribuyó las llagas a alguna hiedra. Le advirtió que si decidía ir al médico tendría que correr con el costo de la consulta. El trabajador mexicano decidió buscar atención sanitaria. Temía más por su salud que por la posibilidad de sufrir represalias de su empleador, de quien dependía su visa temporal.
El 2 de agosto de 2020, en plena pandemia, llegó referido al centro UNC Health, en Chapel Hill, Carolina del Norte. Según el reporte de los médicos que lo evaluaron, Soria tenía quemaduras de segundo grado causadas por un pesticida: paraquat, uno de los herbicidas más usados en EEUU. Está catalogado como “altamente tóxico” por la EPA, la agencia federal de protección ambiental a cargo de toda la regulación para el uso de estas sustancias.
Ya entonces, el paraquat se encontraba prohibido en más de una treintena de países, incluidos grandes productores agrícolas como China (desde 2017) y la Unión Europea (desde 2007). También en Suiza (desde 1989), donde está radicado uno de sus mayores fabricantes.
Soria recordó que una semana antes de su malestar, y sin previo aviso, un tractor había rociado con algún pesticida —de cuyo nombre nadie le informó— el cultivo de camote en el que él y otros siete campesinos trabajaban. Ese día, el viento arrastró el olor del químico hasta ellos. Él sintió ardor en el rostro.
El campesino también se acordó de que unos días después de aquel incidente, el 30 de julio, pasaron la jornada entera en esa parcela arrancando la maleza que el pesticida no mató. La patrona les pidió trasladar la hierba hasta un surco. Él lo hizo apiñando los ramilletes sobre el lado izquierdo de su abdomen, el mismo que luego quedó tomado por las llagas.
“Mentiría al decir que no me asusté. Tengo dos hijos pequeños y no sabes lo que te está pasando. Echas a volar tu imaginación: ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo vas a estar sin trabajar? ¿Cómo le voy a hacer para que mi familia viva?”.
La investigación del Departamento de Agricultura de Carolina del Norte concluyó que el aplicador había rociado el herbicida Gramoxone SL 2.0, cuyo ingrediente activo es el paraquat. En el reporte se anexa una foto del empaque que muestra la etiqueta con el nombre del pesticida y de la firma suiza que lo comercializa en Estados Unidos.
El inspector del caso comprobó que se trataba de paraquat al revisar con la jefa de Soria el historial de químicos aplicados y al ver los resultados de las pruebas de laboratorio de la ropa del campesino y de una muestra de la hierba.
Imágenes tomadas del reporte de la investigación del Departamento de Agricultura de Carolina del Norte. “Veneno”, se lee en letras rojas.
La agencia estatal aseguró que el herbicida se utilizó de forma “descuidada, errónea y negligente”, incumpliendo las especificaciones de la etiqueta. “Gramoxone no estaba aprobado para ser usado en camote”, explicó en un correo Patrick Jones, director de la división de control de plagas y pesticidas del Departamento de Agricultura de Carolina del Norte.
Por esas violaciones, la empresa tuvo que pagar una multa de 800 dólares.
Soria fue sometido a una cirugía de reconstrucción de la piel quemada y recibió tratamiento quimioterápico. Estuvo dos meses sin trabajar y requirió ayuda psicológica.
“Yo me desesperé, porque qué hago sin dinero. No dormía bien por estar pensando en miles de cosas. Todas las noches me daban las dos, tres, angustiado (...) Tenía ansiedad, estaba deprimido”.
Las imágenes a continuación pueden herir la sensibilidad del espectador. Haz clic sobre ellas si quieres verlas
A lo largo de dos años conversamos con más de una treintena de trabajadores, como Soria, para entender la exposición a pesticidas en sus labores del día a día en los campos. Sin saber qué químicos se aplican, son rociados desde tractores, aviones o por quienes fumigan a pie. También entran en contacto con plaguicidas cuando tocan los frutos, todavía húmedos. Casi nunca les informan del peligro que corren.
Entrevistamos y consultamos al menos a 15 expertos, académicos y activistas de Michigan, Carolina del Norte, Florida, Texas e Illinois.
Con su ayuda, identificamos una herramienta científica que nos permitió visibilizar algunos de los pesticidas a los que están expuestos los campesinos en su entorno diario. Son brazaletes de silicona con capacidad para detectar decenas de plaguicidas. Le pedimos a trabajadores agrícolas de tres estados que los usaran.
Este reportaje muestra las consecuencias de la exposición inmediata y prolongada a estos químicos: hallamos desde migrantes que han sufrido erupciones en la piel, hasta graves enfermedades y niños de campesinas con defectos de nacimiento.
Los casos que contaremos son apenas una muestra de un problema del que —como consumidores— somos poco conscientes. Dejan ver cómo el sistema que debería proteger a los campesinos les falla con mucha frecuencia.
Los pesticidas son sustancias o combinaciones de sustancias que se utilizan para controlar plagas y maleza en los cultivos. Aunque en Estados Unidos existen regulaciones para reducir el riesgo de estos químicos en los consumidores, algunas frutas y vegetales que comemos pueden tener residuos potencialmente riesgosos para la salud humana, como lo muestra un análisis realizado por Consumer Reports, una organización sin fines de lucro dedicada a la evaluación de los bienes y servicios que llegan a los consumidores.
“Los trabajadores agrícolas están expuestos a pesticidas constantemente y aun así no tienen las protecciones que necesitan”. Lo dice Jeannie Economos, una activista que desde hace 17 años coordina un proyecto de la Asociación de Trabajadores del Campo en Florida para enseñarles cómo protegerse de los plaguicidas.
Ella y más activistas con los que conversamos han escuchado durante años a migrantes contar que han sido rociados —directamente o porque el viento desplaza pesticidas aplicados en campos cercanos— mientras piscan o limpian la maleza. También entran en contacto con pesticidas porque ingresan en campos fumigados antes de tiempo.
No todos los casos llegan a investigaciones. Los campesinos —en su mayoría indocumentados y con visas temporales dependientes de su empleador— prefieren callar por miedo a represalias o a ser discriminados. Desconfían de un sistema que pocas veces castiga a los patronos cuando rompen las normas. Y cuando pasa mucho tiempo del incidente es casi imposible recabar pruebas.
Con frecuencia tampoco van al médico porque no tienen transporte, seguro o porque no quieren perder horas de trabajo y sueldo. Eso también hace que se queden sin el reporte de un profesional como evidencia.
ESTATUS MIGRATORIO
DE LOS TRABAJADORES
Aproximadamente cuatro de cada 10 campesinos no estaban autorizados para trabajar en el año fiscal 2019-2020.
No autorizados
para trabajar
44%
Ciudadanos
Residentes
permanentes
36%
19%
Otro tipo
de permiso*
1%
*La estimación de campesinos con permisos de trabajo a través de otras visas tiene un margen de error del 31% al 50%, por lo que debe interpretarse con precaución • Fuente: Hallazgos de la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (NAWS). La encuesta no incluye a trabajadores con visas H-2A.
ESTATUS MIGRATORIO
DE LOS TRABAJADORES
Aproximadamente cuatro de cada 10 campesinos no estaban autorizados para trabajar en el año fiscal 2019-2020.
No autorizados
para trabajar
44%
Ciudadanos
Residentes
permanentes
36%
19%
Otro tipo
de permiso*
1%
*La estimación de campesinos con permisos de trabajo a través de otras visas tiene un margen de error del 31% al 50%, por lo que debe interpretarse con precaución • Fuente: Hallazgos de la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (NAWS). La encuesta no incluye a trabajadores con visas H-2A.
ESTATUS MIGRATORIO
DE LOS TRABAJADORES
Aproximadamente cuatro de cada 10 campesinos no estaban autorizados para trabajar en el año fiscal 2019-2020.
No autorizados
para trabajar
Ciudadanos
36%
44%
Residentes
permanentes
Otro tipo
de permiso*
19%
1%
*La estimación de campesinos con permisos de trabajo a través de otras visas tiene un margen de error del 31% al 50%, por lo que debe interpretarse con precaución • Fuente: Hallazgos de la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (NAWS). La encuesta no incluye a trabajadores con visas H-2A.
ESTATUS MIGRATORIO
DE LOS TRABAJADORES
Aproximadamente cuatro de cada 10 campesinos no estaban autorizados para trabajar en el año fiscal 2019-2020.
No autorizados
para trabajar
Ciudadanos
36%
44%
Residentes
permanentes
Otro tipo
de permiso*
19%
1%
*La estimación de campesinos con permisos de trabajo a través de otras visas tiene un margen de error del 31% al 50%, por lo que debe interpretarse con precaución • Fuente: Hallazgos de la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (NAWS). La encuesta no incluye a trabajadores con visas H-2A.
Soria es de los pocos que dio el paso. Con la ayuda de un comité sindical de Carolina del Norte pidió una compensación laboral y la ganó: el seguro de la productora agrícola debió pagarle una parte de su salario por las semanas que no trabajó, además de sus gastos médicos y una indemnización de unos mil dólares.
Justin Flores, el sindicalista que ayudó a Soria a presentar el caso, nos dijo que su exposición es “la peor” que ha visto en los 15 años que tiene organizando a los campesinos. Para él, el Departamento de Agricultura “no fue suficientemente firme al investigar al empleador por las graves heridas” que sufrió este trabajador. Cree que con frecuencia las agencias responsables de indagar en los incidentes de exposición a pesticidas operan como “un club de amigos en el que hacen lo mínimo necesario” por los afectados.
Al cuestionar la respuesta del sistema, Flores se plantea si castigos más severos para los productores podrían garantizar que ningún otro migrante se vea afectado por una mala aplicación de pesticidas: “El sistema demostró que el valor de la salud de un campesino no es respetado por nadie, ni por el sistema de compensación laboral, ni por el Departamento de Agricultura”.
Al sur del país, en Florida, Economos ha escuchado a campesinos sentirse menospreciados: “Los trabajadores del campo nos han dicho que sus empleadores se preocupan más por sus plantas que por ellos, que se preocupan más por la línea de producción que por sus vidas”.
Como María, una guatemalteca de 40 años que nos pidió cambiar su nombre por temor a sufrir represalias de su empleador. Ella nos contó que casi a diario respira los químicos con los que fumigan las plantas del vivero en el que lleva 14 años trabajando en Florida. Nadie le ha informado qué aplican ni cómo protegerse. Después de olerlos y sentirlos en la piel, suele sufrir dolores de cabeza, erupciones o tos.
En agosto de 2014, Hortencia Ramírez, una mexicana con casi 30 años de trabajo en el campo, estaba en Michigan pesando arándanos cuando un avión le roció —al mismo tiempo y por error— un insecticida y un funguicida.
Los videos a continuación fueron grabados por compañeros de Ramírez ese 7 de agosto, cuando todos fueron rociados:
Según los documentos del caso, algunos de sus compañeros inmediatamente sintieron dificultad para respirar, dolor de cabeza, náuseas, ojos llorosos o irritación en la garganta. Ella se desmayó y sufrió dolores de cabeza y vértigo por unos meses más.
Buscamos entender qué pesticidas pueden estar presentes en el ambiente agrícola, donde los trabajadores pasan casi días enteros o incluso viven. Por recomendación de investigadores en materia de exposición a plaguicidas, usamos de forma inédita en periodismo una herramienta que ellos emplean en estudios científicos: brazaletes de silicona capaces de detectar hasta 75 pesticidas.
Colocamos 10 de estas pulseras en campesinos en Florida, Michigan y Carolina del Norte. Cuatro de ellos tenían visa temporal para trabajadores agrícolas H-2A —que depende directamente de su empleador— y el resto estaba indocumentado.
Usaron los brazaletes un mínimo de cinco días piscando en cultivos tan variados como la manzana, la calabaza y los arándanos, o en labores relacionadas con el tabaco y plantas ornamentales.
Cinco de ellos vivían en tráileres en los campos en los que trabajaban o al lado de otros cultivos.
Los participantes
Estudios científicos lo han relacionado con daños en el desarrollo neurológico de los niños.
Las pulseras detectaron dos organoclorados prohibidos hace décadas: 4,4’DDE y trans-nonaclor.
La tabla a continuación muestra que las pulseras detectaron 18 pesticidas. Los organizamos según la clase genérica que los engloba: organoclorados, piretroides, ftalimida, organofosforados, fenilpirazoles, triazinas y dinitroanilina.
Con la ayuda de Linda Forst, médica y profesora de salud ocupacional y ambiental de la Universidad de Illinois, en Chicago, describimos los efectos agudos y crónicos que pueden causar estos productos químicos, según las conclusiones de estudios realizados en animales.
Nuestros resultados son una fotografía de los plaguicidas a los que estos 10 campesinos estuvieron expuestos en su entorno, potencialmente a través de la piel y de forma residual, en pequeñas cantidades. No muestran cuánto del pesticida entró en sus cuerpos.
“Lo que ustedes encontraron es que todos los trabajadores de su muestra están expuestos a múltiples pesticidas. Eso es consistente con investigaciones hechas por nosotros y más personas. Muestran que todos los trabajadores agrícolas están expuestos a un amplio número de pesticidas de forma regular y en distintas temporadas”, nos dijo Thomas Arcury, antropólogo médico con una amplia investigación en poblaciones rurales en Carolina del Norte y quien también contribuyó con el análisis de los resultados.
El tipo de exposición a pesticidas detectado por los brazaletes es el más común entre campesinos: bajas dosis diarias que podrían repetirse consistentemente por largo tiempo.
“Los efectos para la salud a largo plazo de una exposición tan prolongada y en bajas dosis pueden ser devastadores, como un mayor riesgo de tener cáncer, enfermedades neurodegenerativas y problemas de salud reproductiva”, explicó Arcury, profesor emérito de la Escuela de Medicina de la Universidad Wake Forest.
Linda Forst, reconocida por su investigación en trabajadores del campo y salud pública, nos dijo que la mayoría de los pesticidas detectados están aceptados por la EPA para ser usados en agricultura, según las instrucciones que señalen sus etiquetas.
Pero dos de los brazaletes detectaron residuos de plaguicidas prohibidos en Estados Unidos en los años 70 y 80 tras comprobarse su vínculo con problemas reproductivos y cáncer en humanos: 4,4’DDE y trans-nonaclor.
Linda Forst nos explicó que eso no quiere decir que hayan sido utilizados en la actualidad. Aparecieron en el análisis porque son químicos que “persisten” por años en el ambiente.
También se halló en esas mismas pulseras clorpirifos, un organofosforado que puede afectar el sistema nervioso. La EPA prohibió la aplicación de este pesticida en cultivos de alimentos a partir de febrero de 2022. Explicó que podía estar relacionado con daños permanentes en el desarrollo del cerebro de los niños, como había sido expuesto en estudios científicos. Pero una corte de EEUU restituyó su uso en noviembre de 2023.
La antropóloga médica Sara Quandt nos explicó que resulta difícil determinar dónde estuvieron expuestos al clorpirifos estos dos trabajadores agrícolas: “Pudo haber sido aplicado al cultivo en el que estuvieron trabajando, pero también pudo haber sido detectado en sus viviendas, en sus vehículos, en cualquier otro lugar en el que estuvieron mientras usaron los brazaletes”, dijo la profesora emérita de la escuela de Medicina de la Universidad Wake Forest.
En un estudio publicado por Quandt y Arcury en 2021 y en el que usaron brazaletes de silicona en 73 niños latinos, hallaron este insecticida tanto en menores que vivían en el campo como en otros que no residían en entornos agrícolas.
El uso de clorpirifos en viviendas fue prohibido hace más de 20 años en Estados Unidos. Sin embargo, puede permanecer por años en aquellos entornos cerrados, sin acceso al sol o la lluvia, dos elementos que contribuyen con su degradación.
El impacto de los pesticidas en la salud depende en gran medida de la cantidad que llega a los trabajadores. Si se cumplen las precauciones de uso, no deberían producir efectos negativos. Pero según va aumentando la exposición, los campesinos pueden experimentar desde ronchas o erupciones en la piel, dolores de cabeza, náuseas y vómitos, hasta pérdidas de conciencia y fallas respiratorias. En dosis especialmente altas o prolongadas, las consecuencias pueden ser todavía peores.
Sara Quandt aseguró que relacionar cualquiera de estos síntomas con los pesticidas es difícil, porque los campesinos “trabajan duro, tienen dolores musculares, están bajo el sol, sufren dolores de cabeza (...) Por eso los médicos deben ver si hay salivación, lagrimeo, aumento de la frecuencia para orinar o defecar. Cuando eso pasa junto y tienen las pupilas contraídas, puedes estar casi seguro de que se trata de una intoxicación por plaguicidas”.
Jeannie Economos nos dijo que en sus conversaciones con campesinos en Florida le han contado que los médicos en zonas rurales no están formados para reconocer o indagar en el origen de una erupción por pesticidas. Así que les prescriben pomadas para dermatitis, les dan luz verde para volver al trabajo al día siguiente y no queda registro ni de la exposición a los químicos ni del incidente laboral. Otros activistas narraron lo mismo.
Nuestro equipo habló con más de una treintena de trabajadores del campo con distintos estatus migratorios en Illinois, Florida, Carolina del Norte y Michigan. Casi todos dijeron haber tenido al menos erupciones en la piel.
Quisimos ahondar en las cifras sobre exposición a pesticidas en la agricultura. Solicitamos estos datos al Sistema de Notificación de Riesgo Ocupacional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), conocido como SENSOR. Esta oficina es la fuente principal de información de la EPA, pero solo 13 estados del país son parte de ese programa y no todos reportan sus incidentes de forma regular. Los números más recientes que muestran son un acumulado de 1998 a 2011.
Cuando se desglosa por ocupación, suman 5,627 intoxicaciones inmediatas por pesticidas en esos años: más de 2,800 en la categoría de agricultura, asuntos forestales y pesca, que incluye a los trabajadores del campo. California, Texas y Washington contaban el mayor número de casos reportados. El próximo reporte está planeado para este 2024.
En su respuesta a Univision Noticias, la EPA reconoció que un “área para mejorar” es en la cantidad y la calidad de las estadísticas que compilan los estados sobre los incidentes de exposición a pesticidas.
Intentamos por meses obtener datos actualizados de algunos estados participantes del SENSOR. Solo Michigan, con cerca de 77,000 trabajadores empleados en granjas en 2022, nos envió información detallada sobre los incidentes, los pesticidas involucrados y los diagnósticos. Esta información se recaba a través del programa de vigilancia de la Universidad Estatal de Michigan.
Entre el 2017 y el 2022, en ese estado se registraron 71 casos de exposición a pesticidas vinculados con el trabajo agrícola. Se trata de incidentes en los que los afectados padecieron al menos dos síntomas característicos de los químicos. Algunos de los más comunes fueron ojos irritados, náuseas, ardor en la piel, tos y falta de aire. En casi 70% de los casos se desconoce si el trabajador portaba algún equipo personal de protección. Solo en uno de cada cuatro incidentes se reportó su uso.
En Florida, conocimos un caso muy emblemático relacionado con la exposición a plaguicidas de campesinas embarazadas: el de Carlos Candelario.
Nació el 17 de diciembre de 2004 con un raro síndrome denominado tetraamelia, que se caracteriza por la ausencia de las cuatro extremidades.
Candelario pasó años tratando de comprender por qué le tocó a él. Tras leer sobre su historia y la de otros, encontró la respuesta en los pesticidas. Su madre, Francisca Herrera, había estado expuesta a cócteles de químicos mientras trabajaba en campos de tomate de la empresa Ag-Mart. Sin saberlo, para ese tiempo, ella estaba en el primer trimestre de su embarazo, justo cuando se formaban el cerebro, la médula espinal, el corazón y las extremidades de Carlos.
La familia demandó a la empresa por los defectos de nacimiento del bebé. El pediatra John Reigart fue consultado como experto en el caso. “Claramente estuvieron gravemente expuestos a pesticidas y no recibieron atención médica en el terreno”, nos explicó vía Zoom.
En sus encuentros con Francisca Herrera, la madre le contó que en las granjas de Ag-Mart los trabajadores eran rociados casi todos los días con químicos y que quienes se sentían mal no eran llevados al médico, sino que sus jefes les pedían sentarse por un rato, tomar agua y volver a la faena.
Para entonces, ya había sido implementado el Worker Protection Standard (WPS), el marco regulatorio que buscaba —y sigue en efecto— proteger a los trabajadores del campo de la exposición a pesticidas. Jeannie Economos explicó que, sin embargo, las protecciones que brindaba en ese momento eran “mínimas”: contemplaban el entrenamiento de los trabajadores en pesticidas, pero cada cinco años; no exigía que los empleadores notificaran con carteles si un campo había sido rociado ni tampoco les ordenaba preservar el registro detallado de los pesticidas aplicados.
Estas disposiciones de la regulación crearon un gran agujero en la protección de esta trabajadora.
Además de Carlos Candelario, otros dos bebés nacieron con malformaciones pocas semanas después, reportó el diario The Palm Beach Post, el primero en dar a conocer este caso. Las madres de los tres bebés vivían en el mismo campo propiedad del empleador y a escasos pies de distancia. Todas habían piscado tomates en los mismos cultivos en Carolina del Norte y Florida pertenecientes a la empresa Ag-Mart. Ninguna de estas mujeres había sido informada de que las áreas habían sido rociadas con pesticidas.
El segundo niño, Jesús Navarrete, nació el 4 de febrero de 2005 con la mandíbula poco desarrollada. Varios medios reportaron que sobrevivió. El tercer niño nació el 6 de febrero de 2005, pero murió tres días después por “masivos defectos de nacimiento”, cuenta el periódico. Incluían labio y paladar hendido, ausencia de órganos sexuales visibles y un solo riñón.
“Son defectos muy raros, así que cuando ves dos exactamente iguales piensas que la causa es la misma”, nos explicó Reigart en una entrevista.
El pediatra nos contó que los abogados de la empresa solo pudieron darle una lista general de los agentes químicos que habían sido aplicados en los campos en que Francisca trabajó.
Con esa información, en su análisis Reigart encontró que algunos de los plaguicidas mencionados habían sido vinculados con defectos de nacimiento —similares a los de Carlos y los otros niños— en estudios experimentales con animales.
El especialista recuerda su encuentro con abogados de la empresa. “Me miraron y me dijeron: ‘El hecho de que ocurra en animales no quiere decir que pueda ocurrir en la gente’. Les respondí que por supuesto eso no era cierto, porque toda la regulación para el uso de pesticidas se basa en la experimentación en animales y si ellos muestran efectos, entonces no se otorgan las licencias”.
En 2005, las autoridades sanitarias y agrícolas de Carolina del Norte y Florida investigaron la exposición a pesticidas de Francisca y las otras madres en un periodo fundamental para el desarrollo fetal. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ayudaron a las agencias locales en el proceso.
Para hacer su análisis, utilizaron los registros de la empresa sobre los pesticidas que se aplicaron y las fechas y campos en los que trabajaron. Pero los datos entregados por Ag-Mart y los recabados por las autoridades estaban incompletos, lo que no les permitió a las agencias demostrar la relación entre la exposición de Francisca y los defectos de nacimiento de Carlos. Esta fue una de las limitaciones enumeradas en su reporte del caso, publicado en la revista médica Environmental Health Perspectives.
A pesar de eso, aseguraron que el caso mostró la necesidad de reducir la exposición a pesticidas entre trabajadores del campo y los riesgos de no seguir las instrucciones de la etiqueta.
Tras un acuerdo entre la familia y la empresa productora de tomates Ag-Mart, en 2008 Carlos recibió un fideicomiso que cubrirá sus gastos de por vida.
El caso copó titulares en la prensa local y nacional.
Le permitió a los activistas sumar evidencias para demostrar por qué era importante tener una regulación con mayores protecciones para los campesinos, como las que se lograron en 2015, 11 años después de que naciera Carlos. Incluyeron que los entrenamientos debían realizarse cada año, que los empleadores debían notificar si un campo era rociado y en cuánto tiempo podían entrar los trabajadores. También se les ordenó mantener un registro detallado de los pesticidas aplicados.
En su declaración jurada sobre el caso de Candelario, el toxicólogo Kenneth Rudo, también consultado como experto, dijo: “He hecho esto por más de 18 años (...) Este es probablemente el caso más fuerte que he visto, tanto por la duración de la exposición como por la falta de protecciones, que causó efectos adversos en el desarrollo para el hijo de una madre que trabajaba en el campo”.
La EPA explicó en un correo que recientemente hubo cambios en el uso de los químicos involucrados en este caso, como el Mancozeb, que ha sido relacionado por la ciencia con posibles defectos en el desarrollo fetal. La extensión de su registro está en revisión y en 2024 se actualizarán las instrucciones de uso para mitigar los daños que puede causar este fungicida.
Univision Noticias intentó tener una entrevista con ejecutivos de Procacci Brothers, la empresa matriz de Ag-Mart. No obtuvimos respuesta.
Además del caso de Soria y el de los niños con defectos de nacimiento, en Michigan conocimos a una mujer que sobrevivió a un cáncer posiblemente relacionado con la exposición prolongada a pesticidas.
La antropóloga médica Sara Quandt asegura que estos efectos que se manifiestan a largo plazo son difíciles de detectar por la movilidad de la población campesina.
“No existe un sistema para rastrear la exposición a lo largo del tiempo. Así que si desarrollan Parkinson a sus 70 o 60 años, no hay manera de conectarlo con los pesticidas a los que estuvieron expuestos al inicio de su carrera”, precisó.
Jeannie Economos ha conocido campesinos como los que comenta la antropóloga médica: que han dedicado su vida al trabajo agrícola y con los años han enfermado de cáncer, lupus, artritis reumatoidea; ha visto a hijos de campesinos con problemas de aprendizaje o autismo. Todas, condiciones que la investigación científica ha relacionado con distintos plaguicidas.
“Ese es un problema real y una preocupación real para nosotros también, porque no hay manera de rastrearlo”, dice Economos.
La mujer de Michigan que enfermó de cáncer nos pidió llamarla Marta por miedo a ser reconocida. Ella fue parte de una demanda colectiva contra la multinacional Monsanto por no especificar en su etiqueta los efectos para la salud de su pesticida Roundup. Logró ser indemnizada.
Marta descubrió que algo andaba mal con su salud en agosto de 2019. Su mamografía mostró “algo anormal”. Una biopsia y una resonancia magnética posteriores le permitieron entender el porqué de su agotamiento permanente y la extraña sudoración que sentía por las noches.
“Me dijeron que estaba llena de cáncer, que era etapa tres (un estadio avanzado). Fue muy triste ese momento porque no sabía qué hacer”, nos contó en una entrevista en Michigan, donde reside. Ella quería que sus médicos la ayudaran a entender el origen de aquel diagnóstico.
“Cuando pregunto la razón del cáncer, me hicieron preguntas sobre dónde había trabajado, que si había tenido contacto con químicos. Yo les dije que sí. Entonces dijeron que la explicación estaba en los químicos.”
En su declaración jurada en diciembre de 2021, Marta narró que su médica le explicó que el tipo de cáncer que ella tenía podía ser causado por el uso de plaguicidas como Roundup.
Este es uno de los herbicidas más usados en Estados Unidos, pese a la diversidad de opiniones sobre sus posibles efectos para la salud. Entre la comunidad científica, hay quienes lo cuestionan al alegar que la exposición a esta sustancia puede estar asociada con un mayor riesgo en humanos de padecer linfoma no Hodgkin, como el de Marta. Este tipo de cáncer afecta directamente el sistema inmunológico.
Sin embargo, la empresa fabricante de este plaguicida defiende que la EPA “concluyó que el glifosato —ingrediente activo— no causa cáncer y aprobó la etiqueta de Roundup sin advertencias”.
Marta dejó Michoacán en 1990. Llegó a Florida con apenas 17 años y luego se mudó a Michigan: “Me vine para salir adelante, porque allá la gente es muy pobre, hay muy poco trabajo y se hablaba de los campos aquí. Decidí venirme a trabajar y hacer una vida mejor para mi familia”.
Desde entonces, pasó 26 años piscando naranja, toronja, tomate, manzana, arándanos y pepino; y cerca de tres de ellos estuvo aplicando pesticidas directamente a las plantas de arándanos y en viveros. La última vez que recuerda haber rociado plaguicidas fue en 2002.
EXPERIENCIA LABORAL
EN LOS CAMPOS DE EEUU
Dos de cada tres trabajadores agrícolas han trabajado en los campos durante más de diez años.
Entre 11
y 20 años
Entre 21
y 30 años
32%
18%
Más de
30 años
Un
año
18%
7%
Entre 2
y 10 años
25%
Nota: se considera un año de experiencia cada año en que se trabajó 15 días o más. • Fuente: Hallazgos de la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (NAWS, por sus siglas en inglés) del Departamento del Trabajo de EEUU, año fiscal 2019-2020. Se entrevistó a 2,172 trabajadores agrícolas entre el 1 de octubre del 2018 y el 30 de septiembre del 2020. No se incluyó a trabajadores con visas H-2A. El margen de error varía de acuerdo al estimado.
EXPERIENCIA LABORAL
EN LOS CAMPOS DE EEUU
Dos de cada tres trabajadores agrícolas han trabajado en los campos durante más de diez años.
Entre 11
y 20 años
Entre 21
y 30 años
32%
18%
Más de
30 años
Un
año
18%
7%
Entre 2
y 10 años
25%
Nota: se considera un año de experiencia cada año en que se trabajó 15 días o más. • Fuente: Hallazgos de la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (NAWS, por sus siglas en inglés) del Departamento del Trabajo de EEUU, año fiscal 2019-2020. Se entrevistó a 2,172 trabajadores agrícolas entre el 1 de octubre del 2018 y el 30 de septiembre del 2020. No se incluyó a trabajadores con visas H-2A. El margen de error varía de acuerdo al estimado.
EXPERIENCIA LABORAL
EN LOS CAMPOS DE EEUU
Dos de cada tres trabajadores agrícolas han trabajado en los campos durante más de diez años.
Entre 11 y 20 años
Entre 21 y 30 años
32%
18%
Más de 30 años
Un año
18%
7%
Entre 2 y 10 años
25%
Nota: se considera un año de experiencia cada año en que se trabajó 15 días o más. • Fuente: Hallazgos de la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (NAWS, por sus siglas en inglés) del Departamento del Trabajo de EEUU, año fiscal 2019-2020. Se entrevistó a 2,172 trabajadores agrícolas entre el 1 de octubre del 2018 y el 30 de septiembre del 2020. No se incluyó a trabajadores con visas H-2A. El margen de error varía de acuerdo al estimado.
EXPERIENCIA LABORAL
EN LOS CAMPOS DE EEUU
Dos de cada tres trabajadores agrícolas han trabajado en los campos durante más de diez años.
Entre 11 y 20 años
Entre 21 y 30 años
32%
18%
Más de 30 años
Un año
18%
7%
Entre 2 y 10 años
25%
Nota: se considera un año de experiencia cada año en que se trabajó 15 días o más. • Fuente: Hallazgos de la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (NAWS, por sus siglas en inglés) del Departamento del Trabajo de EEUU, año fiscal 2019-2020. Se entrevistó a 2,172 trabajadores agrícolas entre el 1 de octubre del 2018 y el 30 de septiembre del 2020. No se incluyó a trabajadores con visas H-2A. El margen de error varía de acuerdo al estimado.
Marta no podía entender lo que decían las etiquetas porque no sabía leer.
En 1999, dice que fue rociada por una avioneta mientras piscaba arándanos: “Nunca imaginamos que era peligroso, no se nos informaba (...) Mi exposición a pesticidas fue por muchos años, mucho tiempo”.
También recuerda que estuvo en contacto con plaguicidas regados desde tractores o por aplicadores en otras explotaciones agrícolas. Y por algunos meses vivió en un tráiler en el mismo campo en el que trabajaba y en el que se aplicaban pesticidas, contó en su declaración jurada.
Marta no había podido realizarse su mamografía en 2018 por falta de dinero para pagarla. Pero en 2019, Teresa Hendricks, directora de Migrant Legal Aid en Michigan, consiguió financiación para llevar unidades móviles de salud hasta campesinos y Marta pudo hacerse el examen gratis.
Esta misma organización conectó a la mexicana con la firma de abogados que llevaba una demanda colectiva contra la multinacional Monsanto.
Marta recuerda que su lucha contra el cáncer fue “muy dura”. Una fundación la ayudó a pagar su tratamiento, pero no la renta, la comida o la manutención de sus tres hijos. Así que salía del hospital directo a su trabajo en una empacadora de cebollas. Mientras, veía cómo sus uñas se ponían negras, cómo sus dientes se aflojaban, cómo iba perdiendo cabello.
En febrero de 2020 los médicos le dijeron que estaba libre de cáncer y que debía chequearse cada tres meses para asegurarse de que la enfermedad no había regresado.
Aunque Marta ganó una indemnización —cuyo monto no puede revelar por la confidencialidad del acuerdo— asegura que no le hubiera permitido pagar ni un ciclo de quimioterapia: “Con todo el dinero, que no fue mucho, te puedo decir que nada compra la vida (...) El dinero no paga todo lo que uno sufre”.
En la declaración jurada por el caso de Monsanto, Marta aseguró que años atrás también había sido diagnosticada con artritis reumatoidea y que no había antecedentes de esta enfermedad en su familia. Distintos estudios han reportado un aumento en el riesgo de padecer esta patología entre trabajadores del campo en general y entre aplicadores expuestos a ciertos pesticidas.
La EPA es responsable de aprobar los pesticidas que se usan y, a la vez, de implementar las protecciones para los trabajadores, contempladas en el Worker Protection Standard. Sin embargo, esta última tarea la delega casi siempre en sus departamentos de agricultura.
Jeannie Economos cree que este traspaso de responsabilidades es “problemático”. No todos los estados tienen los mismos recursos para inspeccionar los campos agrícolas y tampoco existe la misma voluntad política para hacer cumplir las protecciones, explica.
Tanto Economos como otras fuentes en comunidades aseguran que hay inspectores que llaman a los productores para advertirles de las revisiones, lo que “les da tiempo de eliminar cualquier posible infracción”. Se suma que las autoridades rara vez multan a las empresas agrícolas; normalmente solo reciben una advertencia. Y cuando las penalizan con dinero, los montos no superan los cientos de dólares, como pasó en el caso de José Soria.
Otras organizaciones consultadas cuentan que lo que relata la activista ocurre en más estados. Incluso en California, el único que desde 1991 tiene un Departamento de Reglamentación de Pesticidas para, entre otras cosas, supervisar a los comisionados que investigan los incidentes de exposición a químicos.
SANCIONES IMPUESTAS
POR LOS ESTADOS
A LOS GRANJEROS
La mayoría de las sanciones impuestas a los agricultores por violar normas vinculadas con la aplicación de pesticidas se quedan en advertencias.
Advertencias
58% (355)
Multas
Otras
acciones*
8% (47)
27% (165)
Quejas civiles y
audiencias
admin.
7% (40)
Órdenes de suspensión de venta,
incautación, cuarentena y embargo
1% (5)
Los datos corresponden a 2021 y están centrados en granjas con operaciones agrícolas en las que hay trabajadores del campo y aplicadores de pesticidas protegidos por el Worker Protection Standard. (*) “Otras acciones de cumplimiento” contempla cualquier otra acción que no esté incluida en las opciones ya descritas • Fuente: Agencia de Protección Ambiental (EPA).
SANCIONES IMPUESTAS
POR LOS ESTADOS
A LOS GRANJEROS
La mayoría de las sanciones impuestas a los agricultores por violar normas vinculadas con la aplicación de pesticidas se quedan en advertencias.
Advertencias
58% (355)
Multas
Otras
acciones*
8% (47)
27% (165)
Quejas civiles y
audiencias
admin.
7% (40)
Órdenes de suspensión de venta,
incautación, cuarentena y embargo
1% (5)
Los datos corresponden a 2021 y están centrados en granjas con operaciones agrícolas en las que hay trabajadores del campo y aplicadores de pesticidas protegidos por el Worker Protection Standard. (*) “Otras acciones de cumplimiento” contempla cualquier otra acción que no esté incluida en las opciones ya descritas • Fuente: Agencia de Protección Ambiental (EPA).
SANCIONES IMPUESTAS por los
estados A LOS GRANJEROS
La mayoría de las sanciones impuestas a los agricultores por violar normas vinculadas con la aplicación de pesticidas se quedan en advertencias.
Otras
acciones
Advertencias
Otras
acciones*
58% (355)
28%
27% (165)
Multas
Audiencias
admin. y
quejas civiles
8% (47)
7% (40)
1% (5)
Órdenes de suspensión de venta, incautación, cuarentena y embargo
Los datos corresponden a 2021 y están centrados en granjas con operaciones agrícolas en las que hay trabajadores del campo y aplicadores de pesticidas protegidos por el Worker Protection Standard. (*) “Otras acciones de cumplimiento” contempla cualquier otra acción que no esté incluida en las opciones ya descritas • Fuente: Agencia de Protección Ambiental (EPA).
SANCIONES IMPUESTAS por los
estados A LOS GRANJEROS
La mayoría de las sanciones impuestas a los agricultores por violar normas vinculadas con la aplicación de pesticidas se quedan en advertencias.
Advertencias
Otras
acciones*
58% (355)
27% (165)
Multas
Audiencias
admin. y
quejas civiles
8% (47)
7% (40)
1% (5)
Órdenes de suspensión de venta, incautación, cuarentena y embargo
Los datos corresponden a 2021 y están centrados en granjas con operaciones agrícolas en las que hay trabajadores del campo y aplicadores de pesticidas protegidos por el Worker Protection Standard. (*) “Otras acciones de cumplimiento” contempla cualquier otra acción que no esté incluida en las opciones ya descritas • Fuente: Agencia de Protección Ambiental (EPA).
La EPA nos respondió en un correo electrónico que con las revisiones al Worker Protection Standard en 2015, durante el gobierno de Barack Obama, la agencia “dio grandes pasos para garantizar un ambiente seguro para los trabajadores del campo y los aplicadores”.
Pero con la llegada de Donald Trump en 2017, algunas de las nuevas provisiones no se pudieron implementar al 100%, nos dijo vía Zoom Martha Guzmán, administradora regional de EPA en el suroeste del país (una región que incluye Arizona, California, Nevada, Hawaii, las Islas del Pacífico y 148 naciones tribales).
Guzmán reconoció que la EPA sabe de empleadores “que no siempre están preocupados por la salud del trabajador, desafortunadamente”, e insistió en que la agencia “necesita hacer más”.
El territorio que administra Guzmán incluye California, un estado con un sólido empuje comunitario que históricamente ha logrado los mayores avances del país para reducir la exposición a pesticidas en trabajadores agrícolas y en las poblaciones rurales que viven cerca de cultivos.
Entre ellas, la prohibición permanente del insecticida clorpirifos, algo que no ha podido lograrse a nivel federal. Para finales de 2024 esperan tener también el primer sistema del país para la notificación de aplicación de plaguicidas a las comunidades. Y para enero de 2026, el estado será el primero en contar con un comité de corte comunitario que intervendrá en las decisiones estatales sobre el uso de estos productos químicos.
California es también el único que tiene un Departamento de Reglamentación de Pesticidas (DPR). Es una ventaja para los campesinos en este estado, pero no una solución completa.
La periodista Claudia Meléndez Salinas, quien cubre justicia ambiental para el medio Voces de la Bahía de Monterey, nos explicó que este organismo impone límites a los granjeros en la aplicación de pesticidas, pero falla en investigar los casos de exposición. Ella asegura que son los activistas quienes están empujando las indagaciones.
Hay expertos con los que conversamos que creen que los reclamos de los campesinos tendrán voz sólo cuando puedan sindicalizarse, como lo han hecho los trabajadores de otros sectores. Joan Flocks, investigadora emérita de la Universidad de Florida en temas de justicia social en campesinos, está convencida: “No es fácil para ellos quejarse en ciertas situaciones. Fueron excluidos de las protecciones que tienen otras industrias cuando se trata de la seguridad y la salud”.
María, la guatemalteca que trabaja en un vivero en Florida, teme al daño que los pesticidas puedan causarle. Tiene compañeros de trabajo que se han enfermado, supone, por los químicos: “El spray le afecta a uno”, dice. Pero cuando la rocían no tiene opción: “Uno nomás aguanta”.
Al hablar, recordó el caso de compañeras que eran alérgicas a los químicos, se brotaban en ronchas, se ponían las pomadas que les daban los jefes y seguían trabajando. Cuenta que se quejaban, pero nada cambiaba, así que optaban por seguir en el campo, en silencio.
Lo mismo le ha pasado a Hortencia Ramírez. Haber sido rociada por un avión le causó un trauma que la desvela por las noches, pero sigue piscando en el campo.
En dos años de investigación conversamos con más trabajadores del campo en la misma situación que María y Hortencia. Siguen trabajando en la agricultura porque son el sustento de sus familias en Estados Unidos, México o donde estén.
El campo también es la fuente de ingresos para el hogar de José Soria en México. Dejó la empresa en la que sufrió las quemaduras por paraquat. Nos contó que cinco de sus compañeros fueron sometidos a tratamiento médico. Dos se negaron a recibir atención sanitaria porque temían ser despedidos: “Muchos de nosotros, los trabajadores agrícolas contratados en Estados Unidos, a lo mejor por miedo a perder un trabajo o la oportunidad de venir, no levantamos la voz. Aunque nuestra vida esté en riesgo, no nos acercamos a alguien que nos ayude”.
De los trabajadores que entrevistamos solo José Soria nos dijo que había perdido el miedo a reclamar sus derechos.
Entre todos, solo Marta dejó la agricultura. Después de la remisión de su cáncer en 2020, quedó con miedo hasta de tocar las frutas en cualquier plantación: “No pienso volver al campo (...) Era un trabajo honrado. Ya le tengo miedo hasta al agua que cae de los árboles”.
Jeannie Economos nos dijo que tuvo que distanciarse cinco años del trabajo con campesinos. Sentía ganas de llorar todo el tiempo cuando le pedían ayuda y no podía darla: “¿Sabes lo que significa tener el título de coordinador de un proyecto de seguridad en pesticidas y salud ambiental, mirar a la cara a un trabajador del campo que me está contando su exposición a pesticidas y decirle que no puedo hacer nada para ayudarlo? Es descorazonador”.
Un proyecto de
