El plan 2.0 para los taxes de Trump
Ajustar impuestos y aranceles aparece entre las principales medidas económicas que Donald Trump ha dicho que pondrá en marcha en su segundo mandato en la Casa Blanca.
Sobre lo primero hay un panorama bastante claro de por dónde arrancarán las cosas: extender los cambios tributarios que el Congreso aprobó en el primer período de Trump.
Se trata de una ley de 2017 que redujo temporalmente casi todos los porcentajes de lo que debemos pagar en impuestos federales y mejoró otros puntos para algunas familias en Estados Unidos, como el Crédito Tributario por Hijo.
Los cambios vencen al cierre de 2025, pero parece haber ánimo para ampliarlos por más tiempo entre los republicanos que serán mayoría en el Congreso el próximo año.
Trump prometió ajustes tributarios más profundos durante la campaña. Habló de eliminar el pago de impuestos a lo que se gane por propinas y horas extra. También de lo que se reciba en beneficios del Seguro Social.
Pero se desconoce cuánto impulso lograrán cambios como esos en Washington, porque si reciben luz verde habrá que ver cómo se compensa el hueco que dejarán en los ingresos del gobierno.
Lo que suceda con los impuestos tendrá un impacto directo en los bolsillos de casi todos los contribuyentes. Y como el futuro de las finanzas de los hogares en el país jugó un papel tan importante en las elecciones presidenciales, aquí respondemos qué se sabe y qué no de los planes de Trump para los ‘taxes’ en su gobierno 2.0.
Qué cambios tributarios vencen en 2025 y qué posibilidad hay de que sean ampliados
El Congreso aprobó en 2017 la Ley de Empleos y Recortes Tributarios. Como indica su nombre, esta legislación incluyó cambios a varios puntos de los impuestos federales que vencen al cierre de 2025.
La Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), como se le conoce en inglés, redujo las escalas tributarias o ‘tax brackets’, duplicó el monto del Crédito Tributario por Hijo para algunas familias y duplicó el monto de la deducción estándar que ayuda a reducir los ingresos por los que tenemos que pagar impuestos.
La ley también fijó un límite a una deducción que hacen algunas personas por los impuestos que pagaron a nivel estatal. Esta deducción ayuda, por lo general, a reducir la deuda con el Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) federal.
La ampliación de estos cambios debe ser aprobada por el Congreso, donde los republicanos tendrán en enero mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado.
Parece que habrá impulso para mover el tema cuando Trump asuma en enero, pues un reporte de The Washington Post reveló que personas del equipo de transición han hablado con legisladores para ver cómo contrarrestan el fuerte costo de ampliar algunos o todos los ajustes tributarios de la ley TCJA.
El costo de ampliar los cambios que se hicieron a los impuestos de los individuos (sin incluir los hechos a los ‘taxes’ corporativos) alcanzará $4 billones (trillion en inglés) en 10 años, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por su sigla en inglés).
A este asunto le daremos seguimiento porque, entre los posibles cambios, los legisladores están considerando modificaciones a programas sociales como los ‘cupones de alimentos’ y Medicaid.
No está claro si el Congreso ampliará todos los cambios de la ley TCJA, si solo extenderá algunos de ellos o si aprobará que sean permanentes.
Las escalas tributarias o ‘tax brackets’
La Ley de Empleos y Recortes Tributarios de 2017 redujo la deuda tributaria promedio de los contribuyentes en casi todos los niveles de ingresos, explicó un análisis de Tax Foundation.
Esto al reducir casi todos los porcentajes que se pagan de impuestos, lo que se conoce como escalas tributarias o ‘tax brackets’. De las siete escalas tributarias, en cinco subirán los porcentajes si se dejan vencer al cierre de 2025 los cambios de esta ley.
Eso significa entonces que la escala del 12% subirá a 15%, la de 22% a 25%, la de 24% a 28%, la de 32% a 33%, y la de 37% a 40%. Las escalas de 10% y de 35% permanecerán sin cambios.
Es importante recordar que en Estados Unidos no se paga un solo porcentaje en impuestos federales. El IRS toma tu ingreso y lo divide en porciones a las que puede aplicar hasta estos siete porcentajes diferentes. Es lo que se conoce como un sistema de impuestos progresivos.
El Crédito Tributario por Hijo
La Ley de Empleos y Recortes Tributarios de 2017 duplicó para algunos padres el monto del Crédito Tributario por Hijo: de $1,000 a $2,000.
Sin embargo, esta ley esquivó cambios en disposiciones que hacen que las familias con ingresos bajos no puedan acceder al crédito en su totalidad.
Esto es algo en lo que ha profundizado The Center on Budget and Policy Priorities (CBPP). Este centro de corte progresista encontró que, con la ley, “11 millones de niños y adolescentes menores de 17 años que viven en las familias de ingresos más bajos (...) o no vieron una mejora en el crédito o recibieron una mejora de entre $1 y $75”.
CBPP también resaltó el hecho de que la ley de 2017 sacó de este crédito a 1 millón de niños que no cuentan con un número de Seguro Social en familias de bajos ingresos, “mayormente ‘dreamers’ con estatus irregular que llegaron al país con sus padres inmigrantes”.
Y, ¿qué se sabe del crédito por hijo de $5,000 del que habló el vicepresidente electo, JD Vance, en un momento de la campaña? No ha habido un seguimiento claro al respecto por parte del equipo del nuevo presidente. Expertos que siguen los temas tributarios tampoco lo han sumado a sus análisis ante la falta de claridad sobre este punto en particular.
Las deducciones que reducen el pago de impuestos
Entre los cambios de la Ley de Empleos y Recortes Tributarios hubo algunos relacionados con las deducciones. Las deducciones ayudan a reducir los ingresos por los que debes pagar impuestos.
La ley de 2017 trató de hacer que más personas opten por la deducción estándar (‘standard deduction’ en inglés), que muchos consideran la más sencilla de utilizar. El monto de esa deducción fue duplicado por la ley TCJA: de $6,500 a $12,000 para las personas que declaran los impuestos de forma individual; y de $13,000 a $24,000 para las que lo hacen de forma conjunta con su cónyuge. Esos montos han sido ajustados anualmente por la inflación.
Además de mejorar la deducción estándar para que más personas la usen, la ley limitó las deducciones detalladas (‘itemized deductions’). Ahí entran las deducciones por los impuestos que se pagaron a nivel local y estatal (‘SALT deduction’ en inglés).
A esas deducciones por el pago de impuestos locales y estatales se les puso un tope de $10,000 al año, que desaparecería si el Congreso deja vencer los cambios de la ley TCJA.
Qué más haría Trump: la propuesta sobre los impuestos a las propinas y horas extra trabajadas
Trump prometió en campaña más cambios a los impuestos. “Eliminaremos los impuestos sobre las propinas para millones de trabajadores de restaurantes y hotelería, y buscaremos recortes tributarios adicionales”, lee la plataforma Make America Great Again! de Trump.
Más allá de esa línea, la plataforma no incluyó detalles sobre cómo el gobierno de Trump avanzará este tema.
Legisladores republicanos están buscando formas para contrarrestar el impacto que tendría ampliar los cambios tributarios de la Ley de Empleo y Recortes Tributarios de 2017, de acuerdo con un reporte del diario The Washington Post. Ese reporte no mencionó que los legisladores estén contemplando cómo compensar el impacto de potenciales cambios a los impuestos sobre las propinas y las horas extra trabajadas.
Un análisis del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB por su sigla en inglés), sin inclinación partidista, estimó que los planes económicos y migratorios de Trump aumentarían la deuda en $7.5 billones (trillion en inglés).
Esto porque el dinero que entraría por el potencial cobro de más aranceles no lograría contrarrestar los recortes tributarios y lo que propone para la seguridad fronteriza y la deportación de inmigrantes.
Estimaciones como esas presagian que posiblemente haya más resistencia en el Congreso a eliminar los impuestos sobre las propinas y horas extra como propuso Trump.
La propuesta de eliminar el pagos de impuestos sobre beneficios del Seguro Social
Otro cambio propuesto por Trump en campaña giró en torno a los impuestos sobre algunos beneficios del Seguro Social. “Los jubilados no tendrán impuestos sobre los beneficios del Seguro Social, eso es algo grande”, dijo en campaña pero sin ofrecer una línea de ruta sobre cómo concretará esa promesa.
Bajo la ley actual, una persona que recibe su cheque del Seguro Social debe pagar impuestos por la mitad de ese dinero y por cualquier otro ingreso que reciba si la suma de todos sus ingresos supera los $25,000 al año.
Reducir la cantidad de dinero que entra a los fondos del Seguro Social empeorará la difícil situación en la que ya se encuentran. "Se eliminaría una fuente de ingresos que actualmente ayuda a financiarlo", dijo el Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB por su sigla en inglés) en un análisis.
El Seguro Social es financiado con los impuestos. El gobierno utiliza los impuestos de los trabajadores para pagar los beneficios de las personas que se retiraron o que son elegibles a ellos por una discapacidad o porque son sobrevivientes de trabajadores fallecidos o dependientes de los beneficiarios.
El dinero que no se usa va a un fideicomiso del Seguro Social. Entonces el dinero de ese fideicomiso junto con las contribuciones que siguen haciendo los trabajadores representan el 'pote' con el que se pagarán las jubilaciones futuras.
El dinero de ese fideicomiso se podría agotar en el año fiscal 2031 si Trump pone en marcha sus propuestas económicas y migratorias, según una estimación del CRFB. Sería tres años antes de lo proyectado anteriormente por el grupo.
Si se acaba el dinero en ese fideicomiso, el gobierno federal tendrá que recortar el cheque del Seguro Social en 23% (o unos $16,500 al año) para una pareja jubilada, según los cálculos del CRFB.
Incentivos tributarios del gobierno de Joe Biden que podrían desaparecer
El costo de ampliar los cambios que se hicieron a los impuestos de los individuos (sin incluir una ampliación de los cambios hechos a los ‘taxes’ corporativos) alcanzará $4 billones (trillion en inglés) en 10 años, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por su sigla en inglés).
Por esto, el gobierno de Trump y los legisladores republicanos tendrán que buscar maneras para compensar ese costo. Reportes de medios apuntan a que los republicanos pondrán en su mira eliminar todos o algunos de los incentivos de energía renovable aprobados en la Ley de Reducción de la Inflación (IRA por su sigla en inglés) impulsada por el gobierno de Joe Biden.
Catalogada por la administración de Biden como la legislación climática más importante que se haya aprobado, IRA dio crédito tributarios como uno por $7,500 a quien compre un vehículo eléctrico y otro por $1,200 para los que hagan mejoras de eficiencia energética en el hogar.
IRA también dio incentivos a empresas que desarrollen proyectos de energías limpias.
Lo que pase con estos incentivos dependerá en buena medida de si legisladores republicanos buscan salvar algunos de ellos, sobre todo aquellos de lugares donde hay proyectos de energías renovables.
Un reporte del diario The New York Times citó al representante republicano de Georgia Buddy Carter diciendo que la ley IRA “tiene buenas partes” y que en lugar de sacar un “martillo” sería mejor usar un “bisturí” a la hora de modificarla.
Los impuestos a las empresas
La Ley de Empleos y Recortes Tributarios (TCJA por su sigla en inglés) de 2017 redujo la tasa tributaria que pagan las corporaciones en Estados Unidos: de 35% a 21%.
Trump prometió en campaña recortarla nuevamente: esta vez de 21% a 15%. “Una reducción en la tasa tributaria corporativa de 21% a 15%, únicamente para las compañías que fabriquen sus productos en Estados Unidos”, dijo en un evento en el Economic Club of New York.
“Las empresas que fabriquen en el exterior o reemplacen a trabajadores estadounidenses” no podrán beneficiarse de ese recorte, agregó.
Trump no precisó cómo su gobierno plantearía al Congreso estructurar un recorte tributario solo a las empresas que fabriquen en el país. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB por su sigla en inglés) estimó el costo de esta propuesta con dos escenarios distintos: uno en el que el recorte aplique solo a algunas compañías y otro en el que se aplique a todas.
Costaría unos $200,000 millones hasta el año fiscal 2035 si el recorte en los ‘taxes’ corporativos se aplica solo a algunas empresas y hasta $675,000 millones si se aplica a todas, según el análisis de CRFB.