¿Eres inmigrante y planeas dejar Estados Unidos? Irse de Estados Unidos no borra las deudas. Un abogado consultado advierte que dejar cuentas pendientes puede traer consecuencias legales y financieras. En algunos casos, también afecta bienes o a familiares que permanecen en el país.

Una red criminal engaña a adultos mayores haciéndose pasar por agentes de la ley para r obar los ahorros de toda su vida. Mediante el pretexto de cuentas hackeadas, convencen a sus víctimas de comprar lingotes de oro y entregarlos a falsos mensajeros. Con más de 200 víctimas reportadas y una cifra de fraude que alcanza los 150 millones de dólares, las autoridades investigan este esquema a nivel nacional y piden extremar precauciones ante llamadas sospechosas.

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Ante la intención de la administración del presidente Donald Trump de extender una orden ejecutiva para exigir a los bancos que verifiquen el estatus migratorio de sus clientes, es probable que esta medida, la cual es revisada por el Departamento del Tesoro, provoque un impacto negativo en la economía del país. Así lo explica Rodolfo Medina, presidente de Self Help Chicago, mientras que el abogado de inmigración Ezequiel Hernández analiza las implicaciones legales de la situación.
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Ante la nueva propuesta de la administración Trump, surge la duda: ¿Puede un banco cerrar tu cuenta por tu estatus inmigratorio? El abogado Rafael Peñalver advierte que una orden presidencial obligaría a los bancos a cruzar datos de ciudadanía. Si programas como el TPS son cancelados, las entidades financieras podrían identificar a clientes sin estatus legal vigente y proceder al cierre de sus cuentas, marcando un paso hacia un mayor control gubernamental sobre las finanzas privadas.

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La administración Trump evalúa una orden ejecutiva para obligar a los bancos a recolectar información sobre el estatus migratorio y ciudadanía de sus clientes. Expertos advierten que la medida sería catastrófica para la economía, afectando especialmente a pequeños negocios hispanos y usuarios del número ITIN. El sistema establecería requerimientos sin precedentes para cuentas nuevas y antiguas, transformando el rol de las instituciones financieras en el país.

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La propuesta busca que las entidades financieras recopilen datos de ciudadanía junto con la información de identificación que ya solicitan habitualmente.