Expertos legales estiman que 80,000 hogares enfrentan el riesgo de perder su ayuda de vivienda ante los nuevos requisitos de elegibilidad. La Secretaría de Vivienda evalúa restringir el acceso a edificios públicos basándose en el estatus migratorio de cada integrante del grupo familiar. Especialistas recomiendan a los residentes naturalizados o con permisos de trabajo vigentes actualizar sus datos de inmediato para evitar expulsiones erróneas de sus domicilios actuales.

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Residentes de un parque de casas móviles en Pequeña Habana recibieron una orden de desalojo emitida el 11 de marzo, dejando a muchos sin opciones de vivienda. Las 204 unidades, en su mayoría fijas, fueron consideradas para demolición, generando incertidumbre.

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Decenas de familias en Hyattsville denunciaron durante meses condiciones deplorables en un conjunto residencial y salieron a protestar ante la amenaza de desalojo. Los afectados acusaron falta de respuesta de la administración y exigieron soluciones urgentes.

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En Los Ángeles, la crisis de vivienda llevó a varias familias a vivir en alcantarillas y en total oscuridad. Calles llenas de basura, carpas y botes abandonados reflejaron la dura realidad de quienes no pueden pagar un hogar, mientras residentes y autoridades enfrentan la difícil situación.

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La ciudad de Sacramento propone cobrar $690 por lotes baldíos y $887 por edificios vacíos para controlar más de 5 mil propiedades desocupadas que representan riesgos de salud y seguridad. Otras ciudades de California ya implementan programas similares con tarifas variables.

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Ante el alza de rentas y la escasez de vivienda en Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani presentó un plan para aumentar espacios habitables. La propuesta generó polémica en una ciudad con altos niveles de personas sin hogar.

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