La Corte Suprema del Estado de Nueva York declaró inválida la orden ejecutiva del alcalde Eric Adams que permitía a ICE abrir una oficina en Rikers Island, argumentando conflicto de intereses y riesgo a derechos civiles.

El complejo carcelario de Rikers Island, con más de 7,000 internos, acumula denuncias de violencia, negligencia y corrupción, mientras el plan para cerrarlo en 2027 luce cada vez más difícil.

El Concejo Municipal de Nueva York votará hoy un proyecto de ley que obligará al Departamento de Correcciones a notificar de inmediato a familiares y abogados cuando alguien muera bajo custodia en Rikers Island.

En la Corte Suprema Estatal del Bajo Manhattan se decidirá si ICE y otras agencias federales pueden retornar a la prisión de Rikers Island. Quienes se oponen a la medida aseguran que muchos inmigrantes están en esta cárcel porque no tienen dinero para pagar la fianza, a pesar de haber cometido delitos menores, como arrojar un papel en la calle.

La disputa legal se intensifica en NYC mientras una jueza frena temporalmente los planes del alcalde Adams de permitir presencia de ICE en Rikers Island.

El Concejo Municipal acusa al alcalde Eric Adams de acordar el regreso de ICE a Rikers Island a cambio del retiro de cargos criminales. La batalla legal pone en evidencia las tensiones por las políticas migratorias en la ciudad.