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Esenciales pero deportables

Las vidas paralizadas por el trauma

Las escenas de la redada se repiten en las pesadillas de las familias hispanas afectadas por la incursión de ICE en Mississippi en agosto de 2019. Estos son los demoledores efectos psicológicos y económicos que tuvo el operativo entre la comunidad.

Maye Primera / Mauricio Rodríguez Pons
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Narrado por Carlos Martínez

Poli bueno, poli malo

Migdalia* no dormía, no comía, le dolía el cuerpo. “No sé qué me pasa”, le decía a los hijos. Calcula que los dolores le comenzaron a finales de junio de 2019, en los días que el presidente Donald Trump anunció redadas masivas de inmigración en todo el país. El día que ICE allanó finalmente su trabajo, le dolían mucho los pies: “Ya cuando me agarraron no me dolía nada. Presentía, eso era lo que me pasaba”, contó Migdalia en agosto de 2019, con un grillete electrónico que le titila en el tobillo.

Migdalia llevaba 14 años cortando pechugas y halando tripas en la planta procesadora de pollos de Koch Foods Inc. en Morton, Mississippi y de allí se la llevaron arrestada el 7 agosto. Ese día ICE tomó por asalto siete sedes de cinco compañías polleras en distintos pueblos del estado y se llevó consigo a 687 trabajadores, casi la totalidad de ellos eran hispanos indocumentados. Es la mayor redada de migración realizada en la historia en un solo estado.

Un mes más tarde, cuando recibió a Univision en la sala de su casa, unas 300 personas arrestadas en esa redada masiva de Trump seguían detenidas en dos centros de ICE en Luisiana. La mayoría no había tenido aún la oportunidad de defenderse frente a un juez de migración. Entre ellos, unos 90 migrantes habían sido imputados en cortes criminales por el delito de usurpación de identidad, por trabajar con números de seguridad social que no eran suyos. Cuando comparaba su historia con la de ellos, Migdalia se sentía afortunada.

A ella la soltaron la misma noche de la redada con el grillete y sin permiso para trabajar legalmente. En febrero de 2020 tuvo su primera cita ante una corte de migración e inició un proceso que podría acabar en su deportación a Guatemala, el país donde nació hace 38 años y al que no ha vuelto desde hace 20.

La voz de Migdalia se corta al hablar de su futuro en Estados Unidos. Repite una y otra vez que no se separará de sus hijos, sin importar la suerte que le toque vivir. Mauricio Rodríguez Pons

“Mucho tiempo llevo aquí. Aquí nacieron mis hijos y los he sacado adelante. Pero desgraciadamente entró la Migración y ahorita no sé qué voy a hacer. El futuro ha cambiado, ahora me di cuenta”, se lamentaba Migdalia.

Sus dos hijos estadounidenses acusaron el cambio inmediato. La mayor, de 14 años, estudiante de high school, le dijo que iba a dejar las clases para trabajar y pagar las cuentas ahora que ella no puede. Y el menor, de 9 años, que acababa de entrar a la banda del colegio, dijo que prefería renunciar y devolver la trompeta que le prestaron para no exponerse a salir de casa cada vez que haya ensayos.

De nada lloran, decía Migdalia, y no quieren que salga sola ni a la tienda: “Les digo que no lloren, que no viene nadie por mí. No quiero que pierdan la escuela. Yo no tengo papeles pero ellos son ciudadanos, no quiero que se echen a perder igual que yo, trabajando en esas plantas (de pollo). Y ya les dije: ‘Si algo pasa, tienen que estar juntos. Si me mandan a mi país, ustedes tienen que llegar allá los tres o tienen que venir conmigo’, porque yo no me quiero separar de mis hijos”.

¿En qué momento se le echó a perder la vida a Migdalia? No fue en uno sino en varios: nació en Quetzaltenango en una familia pobre de nueve hermanas y a los 18 años caminó 12 días sola para cruzar la frontera sur de Estados Unidos; llegó primero a Alabama y allí conoció al padre de sus hijos, que la dejó, embarazada de cuatro meses, por una de sus hermanas menores; luego se fue a Mississippi a buscar trabajo en las polleras con documentos que compró en el mercado negro.

“Ni sabía en este país que necesitaba papel. Conseguí un papel que no es mío y ahí trabajé. Apliqué en la mañana y entré a trabajar en la tarde”, recuerda Migdalia. Todos lo hacían, todos sabían, porque esa mano de obra de indocumentada es la que desde hace décadas opera las polleras del estado.

Koch Foods, en Morton, fue una de las empresas más afectadas por el operativo de ICE. Mauricio Rodríguez Pons

Los primeros hispanos que llegaron a Mississippi en la década de 1960 fueron traídos directamente por las polleras desde México y Guatemala para trabajar en sus plantas. Al principio la mayoría eran mexicanos que se fueron moviendo a mejores trabajos en Jackson, la capital. En los últimos 15 años años han estado llegando más guatemaltecos, sobre todo de los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, fronterizos con México. Es una comunidad establecida desde hace cuatro generaciones, con familias de estatus legal mixto que corren el riesgo de ser separadas por las deportaciones. El miedo entre ellos se venía cocinando semanas antes de que ocurrieran las redadas.

“El Trump es bien racista con la gente, nos trata como animales aquí en este país, no le tiene lástima a nadie”, dice Migdalia. A finales de junio de 2019, cuando Trump comenzó a hablar de redadas masivas de inmigración, las calles, los parques y las iglesias de Morton, donde vive Migdalia, se vaciaron de hispanos que temían ser detenidos. Y ahora que Migración ya estuvo en el pueblo, ese temor se multiplicó entre toda la comunidad.

Elena* también lo sintió como si los agentes de Migración la hubiesen esposado a ella o algunos de sus familiares cercanos. “Desde que pasó la redada vivo con miedo de que puedan venir aquí o que a mi esposo lo puedan agarrar. Tengo 18 años viviendo en Mississippi y es la primera vez que veo lo que está pasando. Este era uno de los pueblos más seguros y este es un estado donde no se veía esto”, dice Elena, que es nicaragüense y tiene una tienda de abarrotes en Morton.

El Centro Pew estima que en Mississippi viven unos 20,000 inmigrantes indocumentados, que en 2016 eran el 0.7% de la población total del estado y el 35% del universo de migrantes. El 21% de los adultos indocumentados han estado en el país por cinco años o más, y sus hijos representan el 1.8% de los estudiantes de primaria y secundaria de las escuelas públicas del estado. El Pew no cuenta hasta ahora con registros suficientes para estimar si este grupo ha crecido o disminuido en los últimos cinco años, pero sabe que en estados vecinos como Luisiana la presencia de indocumentados sí ha crecido.

Elena siente el puslo del pueblo de Morton dentro de su pequeña tienda, a la que acuden los inmigrantes para abastecerse, compartir sus miedos y encontrar apoyo. Mauricio Rodríguez Pons

“Esa gente tiene miedo de hablar, de salir, no quieren que los vean. Me estoy arriesgando al hablar porque quiero que nos oigan, que se den cuenta de que todos estamos pasando por una dificultad bien grande. Mucha gente puede pensar que ahorita eso se calma y no es cierto. Mucha gente está detenida y no se sabe si van a salir de esto o las van a regresar a su país”, dice Elena. “Así como están las cosas, es muy incierto el futuro para nosotros los hispanos”.

Mucha producción se perdió

Los pericos se alborotan cuando Félix* acerca el teléfono a la jaula y escuchan la voz de Crescencia, que llama desde el centro de detención de Luisiana donde los agentes de ICE se la llevaron. Solo así cantan, dice Félix. Da igual que ella esté contando que el frío en las celdas no la deja dormir, que le obligan a bañarse desnuda frente a las demás detenidas o que llore porque no sabe cómo ni cuándo la dejarán salir de allí. Los pájaros la oyen y cantan.

A Félix en cambio apenas le silban por las mañanas, cuando regresa a casa solo y hediondo a plumas después de trabajar toda la noche en Koch Foods, la procesadora de pollos más grande del pequeño pueblo de Morton, allanada por Migración.

Crescencia y Félix se conocieron en esa planta y se casaron. Ella es de México y él de Guatemala. Los dos entraron sin visa a Estados Unidos y a los dos les dieron empleo en la compañía hace más de 10 años, a pesar de no tener papeles. Félix todavía acarrea pollos vivos en el turno de las las 10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana y Crescencia picaba pollos muertos hasta que a las 8:00 de la mañana del 7 de agosto la arrestaron allí mismo los agentes de ICE.

“Estaba chequeando pechuga, muslo y pierna y ahí llegaron. Cuando íbamos saliendo del turno tenían rodeado todo adentro. En los años que trabajé ahí nunca tuve problema y así seguí trabajando hasta que me agarraron ahorita”, cuenta Crescencia desde un teléfono del centro de detención de LaSalle, Luisiana, que está a cuatro horas por carretera de la traila que compartía con su esposo y sus pájaros en Morton, Mississippi.

Félix piensa si cuando liberen a su pareja deben irse de Estados Unidos. El miedo hace que no vea futuro en el pueblo de Mississippi. Mauricio Rodríguez Pons

De las siete plantas procesadoras de pollos que allanó ICE, pertenecientes a las compañías Koch Foods, PH Food, Pearl River Foods, Peco Foods y A&B, la más afectadas fueron las dos ubicadas en Morton. Allí trabajaba al menos la mitad de los 687 inmigrantes detenidos ese día, la mayoría de origen hispano.

Y entre los centenares que siguen arrestados está Crescencia: “Una muchacha que sabe leer bien me dijo que tenía que pagar 471 dólares por la multa de estar trabajando con papel ajeno (una identidad falsa). Nos dijeron que el juez tiene que decidir si vamos a ser deportadas o no. Pero no sabemos cuándo nos toca corte”.

Félix mantiene la esperanza de que su esposa salga del centro de detención: “Quiero que la dejen libre. Le pido al señor presidente que suelte a la gente y que pare las redadas", afirma el hombre que sigue yendo como todos los días a cubrir su turno en la planta por 9.50 dólares la hora.

“Ahora no hay gente adentro. Éramos 40 personas en mi línea, ahorita solo hay 15 y no se hace el mismo trabajo. Mucha producción se ha perdido. Hay mucho pollo que se está muriendo de calor, ahorita casi es la mitad de vivo y la mitad de muerto”, dice Félix. “Si hay otra redada, la compañía se cierra”, opina él, que lleva una década trabajando en la planta.

Solo en la planta de Koch Foods en Morton fueron detenidas unas 250 personas que cubrían dos turnos completos de trabajo. Tan pronto eso ocurrió, la empresa se puso en contacto con la agencia estatal de empleos para buscar sustitutos, pero solo 30 personas se postularon para llenar esas plazas.

Otra de las compañías procesadoras de pollo allanadas en Morton, PH Food, tiene los mismos problemas de falta de personal para sostener sus operaciones. Los agentes de Migración detuvieron allí a unas 90 personas y una semana después, a otras 100 personas que, se presume, trabajaban allí sin documentos.

“Desde las redadas, todos en este pueblo tenemos miedo”, dice Keri Risher, una mujer de 30 años y piel blanca, nacida y criada en Morton, que colabora como voluntaria en la recolección de comida y enseres para las familias migrantes afectadas por la incursión de ICE, junto a su hijo Hunter, de 11 años. “¿Así es como Donald Trump pretende hacer a Estados Unidos grandioso de nuevo?”, se pregunta.

“No tenemos dinero ni para irnos”

Si una sola cosa pudiera pedirle Carmen a Donald Trump sería que la deje trabajar unos meses más para pagar los billes, las cuentas que debe, y juntar unos dólares para el viaje de regreso: “Que nos dejara trabajar otros días, porque no tenemos dinero ni para querer irnos”.

Carmen* fuera de su casa. Las empresas despidieron a todos los inmigrantes indocumentados que no cayeron detenidos en el operativo de ICE. Mauricio Rodríguez Pons

Ella ni tiene el dinero ni quiere volver quebrada y con tres hijas al pueblo pobre que dejó hace 15 años. Pero tal y como están las cosas –con el desempleo, las redadas masivas y los tiroteos como el de El Paso, donde los hispanos son el blanco– casi le da el mismo miedo quedarse en Estados Unidos que volver a Guatemala.

Ya no tiene trabajo, no tiene papeles, es madre soltera, paga 500 dólares de renta, debe 200 de agua y tiene pánico de que al salir de su casa la arreste Migración. El 7 de agosto de 2019 se salvó por poco de que se la llevaran también a ella de una de las polleras.

Desde ese día sus hijas–de 14, 11 y 3 años–creen que en cualquier momento le puede pasar: “Dicen: ‘Si te vienen a agarrar, mami, ¿con quién nos vamos a quedar nosotros, si no tenemos familiares aquí?’ Yo siempre las voy a dejar a la escuela y los traigo para la casa”.

La redada coincidió con el primer día de clases y varios de sus compañeros se quedaron solos o tuvieron que irse a casa de sus tíos porque sus padres fueron arrestados. Las tres nacieron en Estados Unidos y no quieren marcharse a un lugar que no conocen.

“Vamos a llegar igual adonde no hay trabajo. Mi pueblo es muy pobre. Si hubiera trabajo allá, trabajara uno para comer, para comprar sus cosas, pero no hay. Si trabajáramos allá, para qué vamos a venir para acá”, dice ella, que vino de Huehuetenango directo a trabajar en las polleras de Mississippi.

Desde la redada no han vuelto a darle empleo las compañías que por décadas contrataron mano de obra indocumentada de forma directa y a través de terceros para trabajar en Morton, Mississippi. Ni Koch Foods –donde trabajó cuatro años picando pollo– ni en PH Foods –donde llevaba dos años trabajando hasta que ocurrió la redada.

“Cuando estábamos trabajando teníamos como comprarles su comida a los niños y ahora no tenemos con qué. Es muy triste lo que estamos viviendo”, se lamenta.

Mississippi es uno de los estados más pobres de Estados Unidos. Allí, el 30% de los niños viven en la pobreza. Aunque los hispanos solo son el 3.4% de la población, las redadas que afectaron a esta comunidad también representan un duro golpe para la precaria economía local.

“Es devastador y estoy aterrorizado por lo que sucederá con estas familias que han sido privadas de cualquier ingreso en sus hogares. Es una grave crisis de pobreza, desesperación y miedo”, dice Cliff Johnson, director del MacArthur Justice Center de la Universidad de Mississippi.

Johnson es uno de los abogados que comenzó a prestar servicios pro bono a los migrantes afectados en los días posteriores a las operaciones de ICE. Muchos de los inmigrantes que buscaron ayuda legal en su despacho móvil de la iglesia católica Sacred Heart han vivido en Mississippi por 15, 20 años, pagan hipotecas y automóviles y tienen acceso restringido a la atención médica porque no pueden pagarla.

Cliff Johnson, director del MacArthur Justice Center de la Universidad de Mississippi, improviso un centro de ayuda en una iglesia en el pueblo de Canton. Mauricio Rodríguez Pons

Algunas familias tenían un solo proveedor, el padre o la madre, que ya no está, y en otras, ninguno de los padres puede trabajar. Muy pocas tenían ahorros, que no son suficientes para vivir. “La gente tiene un margen muy delgado cada mes, viviendo de cheque en cheque, como muchos de nosotros vivimos. Y cuando quitas ese dinero, todo se desmorona”, dice el abogado.

La mitad de la congregación

En las misas del padre Roberto Mena faltan la mitad de los feligreses. “Tengo la mitad de los lectores, la mitad de los coros, la mitad de la directiva. Muchos de los líderes de nuestra parroquia fueron afectados directamente por las redadas”, lamentó el párroco en uno de los sermones que dio dos semanas después de las redadas.

Más de la mitad de los detenidos y sus hijos, padres y parejas son de Morton y Forest, los dos pueblos que atiende el padre Mena. Y aunque las autoridades lo celebran como un éxito, ambos pueblos donde estuvo ICE se sienten como arrasados por un tornado: en todos quedaron casas abandonadas, calles vacías, familias en quiebra. Padres que desaparecieron de un día para otro de la vida de sus hijos, angustia del futuro entre los que se salvaron y el pánico de que puede volver a ocurrir en cualquier momento.

El padre Roberto Mena, guatemalteco de orígen, ha visto de primera mano el impacto que ha causado la redada de ICE en la comunidad inmigrante de Morton, Forest y Canton. Maye Primera

“Las historias que he escuchado a veces se me repiten en las pesadillas de la noche, todo lo que he escuchado, el sufrimiento y el dolor del pueblo. Son historias difíciles y tristes”, confesó el cura en su sermón.

Muchos de los arrestados fueron liberados la misma noche del operativo con grilletes electrónicos en sus tobillos y aún están shock, les cuesta articular palabras. Los niños no comen, los padres no duermen.

Como otros templos del área, la iglesia del padre Mena se convirtió en un centro de ayuda para las familias afectadas. Allí fueron a atenderlos abogados y psicólogos de varios estados: de Arizona, de Luisiana, de Georgia, de Florida. Y aunque la mayoría de ellos tiene años de experiencia lidiando con redadas en el país, lo que ocurre esta vez en Mississippi les ha golpeado como ningún otro evento.

“Todos los que ayudamos a los demás estamos viviendo ese estrés: le está pasando a los abogados, a todos los que están ayudando como voluntarios. Todo eso les está afectando también personalmente”, admite el padre. “Por mi propia salud mental, cuando llego a mi casa tengo que descansar, hacer mi meditación, pensar en otras cosas, llamar a otras personas”.

Mena lleva año y medio como párroco de Morton y Forest, y es guatemalteco, como la mayoría de los centroamericanos que en los últimos años han emigrado a esta zona de Mississippi.

La iglesia Saint Michael’s, en Forest, sirvió como centro de acopio, ayuda legal y psicológica para los hispanos detenidos en la redada. Mauricio Rodríguez Pons

“Prácticamente se ven forzados a venir”, dice el padre. Los echa la sequía, el desempleo y la violencia del narcotráfico. Las cosechas de maíz, frijol y café no se dan, los trabajos temporales que había en la costa de Guatemala desaparecieron, y en sus pueblos cobran renta los mismos grupos de narcotraficantes de México. Y en Mississippi había empleo y muchos tenían familia.

“Cuando el presidente Donald Trump habló de que iban a empezar a haber redadas masivas, la gente como que se preparó psicológicamente con que eso iba a pasar. Hubo personas a las que les entró miedo y tuvimos menos gente en las misas durante ese fin de semana, tanto aquí en Forest como en Morton”, recuerda Mena.

Cuando Migración llegó al pueblo ese el temor se multiplicó: “Salen menos de su casa. El número de carros que se miran en la calle de gente hispana ha disminuido. Nada más van de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. No salen a ningún otro lugar. Solamente los domingos para ir a la misa nada más", cuenta el padre.

La doctora Ángeles Maldonado es una de las especialistas que viajó desde Arizona a la iglesia del padre Mena para dar apoyo a las familias tocadas por las redadas. Ella es educadora y desde hace 17 años estudia los efectos de este tipo de operativos entre quienes los han sufrido, especialmente bajo el mandato del sheriff Joe Arpaio en su estado. Una de las razones por las que escogió esa línea de investigación es su propia experiencia familiar: ella emigró a Estados Unidos con su familia desde México cuando tenía ocho años y una vez vio cómo las autoridades de migración se llevaban a su padre detenido.

“Esa experiencia marcó mis intereses por el resto de mi vida. Por mucho tiempo me sentí avergonzada de quien era y por lo que me había pasado, pensé que había algo malo en mí o en mi familia”, recuerda y sabe bien que este tipo de experiencias son ataques a la identidad de los niños.

En sus primeras visitas después de las redadas, Maldonado observó ese mismo miedo en los niños de Mississippi. Cientos de ellos no encontraron a sus padres al volver a casa, algunos no supieron de su paradero durante semanas y otros no volvieron a verlos. Muchos tuvieron miedo de regresar a la escuela.

“Sé que no puedo echar el tiempo atrás y volver a cuando era una niña y decirme que todo va a estar bien. Pero sí puedo hablar con otra niña u otro niño pequeño que esté pasando por lo mismo, que siente un poco de vergüenza y decirle: ‘Siéntete orgulloso de tus padres. Lo que estás pasando es injusto pero no les dejes robarte tus ganas de luchar’”.

Univision Noticias. 2020