El 7 de agosto de 2019, Raúl* no fue a trabajar a la planta procesadora de pollos. En un cambio de último momento, su supervisor le dijo que descansara ese día. Ahora, Raúl –que es indocumentado– interpreta esa orden como un acto de Dios. Cuenta que, de haberse presentado a la línea de producción, “no estuviera yo para darle mi testimonio”.

Raúl, con quien hemos estado en contacto estas semanas, se ‘salvó’ de ser arrestado en la masiva redada que se produjo ese miércoles en varias plantas procesadoras de Mississippi. Pero el miedo a salir y ser detenido por Migración lo mantuvo encerrado en su casa por meses. Y, cuando juntó valor para salir nuevamente a trabajar porque las facturas comenzaron a acumularse, se enfrentó con la pandemia del coronavirus.

En febrero de 2020, semanas antes de que se registrara el primer caso de COVID-19 en Mississippi, Raúl consiguió trabajo en DG Foods, una de las muchas plantas polleras del estado. Está casi seguro de que fue ahí donde se contagió con coronavirus. Lo único que lo hace dudar es que su hijo de 18 años, quien trabajaba en otra de las plantas de la zona, también cayó enfermo. Es imposible saber con certeza quién se lo transmitió a quién, pero lo que sí tienen claro es casi toda la familia se enfermó a causa del virus.

“Hay dos fuerzas enemigas que están persiguiendo a la comunidad inmigrante: Migración y el coronavirus”, afirma con frustración.

Después de las redadas de ese 7 de agosto, en las que fueron arrestados 687 trabajadores indocumentados, las plantas polleras del centro de Mississippi dejaron de contratar a los empleados latinos que sospechaban que no tenían papeles. Sin embargo, con la llegada de la pandemia y la escasez de trabajadores, los empezaron a buscar nuevamente.

Activistas y trabajadores de la zona, a quienes conocimos en agosto durante el cubrimiento de la redada, denuncian que los han atraído con la promesa de bonos o un mejor pago por hora, pero sin tomar las medidas sanitarias necesarias para garantizar que no se contagien con el virus. Inmigrantes indocumentados como Raúl, que llevaban meses sin trabajar, decidieron volver poniendo en riesgo su salud y la de sus familias. Han regresado incluso algunos de los que fueron detenidos en los operativos de agosto pasado.

La necesidad de mantener esas plantas operando hizo que Trump las declarara como instalaciones esenciales que no pueden cerrar mientras dure la pandemia. Por eso sus trabajadores recibieron una carta que los cataloga como tal y que sirve como una suerte de salvoconducto en caso de que sean detenidos por las autoridades por quebrar las restricciones impuestas en meses pasados. A pocos se les escapa la ironía: los trabajadores detenidos hace meses y amenazados con ser deportados son considerados ahora esenciales para abastecer de alimentos a Estados Unidos.

“La ironía, el dolor, el lenguaje, la reformulación de la conversación; todo eso le hace mucho daño a la psiquis humana”, dice Lorena Quiroz, organizadora de Working Together Mississippi.

Se estima que el 51% de los trabajadores que están en la primera línea de las plantas procesadoras de carne y pollo son inmigrantes, de acuerdo con un estudio publicado por el Center for Economic and Policy Research (CEPR).

Durante meses, activistas y trabajadores de todo el país han hecho sonar las alarmas sobre los riesgos de que se produzcan brotes en las plantas procesadoras. Denuncian que las empresas no le han dado a la pandemia la importancia necesaria y que las condiciones de trabajo en las plantas procesadoras –en las que el distanciamiento social no es posible– tendrán un impacto fatal en las comunidades donde se encuentran. No se han equivocado. Hasta ahora se han contagiado más de 27,000 trabajadores de estas instalaciones y han muerto más de 90, según una base de datos del Food & Environment Reporting Network (FERN).

En los pueblos de Mississippi que sufrieron el golpe de la redada, los contagios no solo han llegado a las plantas polleras. Algunos de los que arrestaron en agosto y que siguen en centros de detención de ICE esperando su deportación también han dado positivo al coronavirus. El cuñado de Raúl es uno de los contagiados en Mississipi y de los más de 2,200 que se han enfermado por el virus en todos los centros de detención de ICE, de acuerdo con las cifras de esa agencia.

“Mi familia me comentó que él había sido positivo con el coronavirus estando encerrado en la cárcel. Eso me parte el alma, me duele el alma por esa injusticia”, lamenta.

La pandemia ha vuelto a sacar a la luz la profunda desigualdad que ha existido por décadas en Estados Unidos. Las comunidades latinas y negras han sido golpeadas con particular dureza. Muchos hispanos son trabajadores que no pueden quedarse en casa porque dependen de lo que ganan cada mes, en una economía en la que en ocasiones se explota la mano de obra barata como la migrante que labora en las plantas procesadoras de carne o cosecha los campos agrícolas.

Tampoco tienen acceso a servicios de salud preventiva porque los costos les resultan inalcanzables o no tienen documentos.

A pesar de que los declaró trabajadores esenciales, Trump no ha cesado sus amenazas migratorias en un año electoral.

En Univision Noticias Digital, hemos seguido por meses las mayores redadas del gobierno de Trump. Este proyecto nació precisamente después de terminar un documental sobre la redada de Postville, Iowa, de 2008. Se produjo bajo la administración de George W. Bush y, en su momento, fue la mayor redada de inmigración en un lugar de trabajo en la historia del país. Allí fueron arrestados más de 398 trabajadores indocumentados.

Dejó de ser la más grande poco después. En agosto de ese mismo año, más de 595 trabajadores fueron detenidos en un operativo similar en Laurel, Mississippi. Cuando Barack Obama llegó al poder tras haber sido elegido en noviembre de ese año, su administración detuvo las redadas masivas en sitios de trabajo. Pero no ocurrió lo mismo con las deportaciones de individuos, que afectaron a más de tres millones de personas durante los ocho años de su gobierno.

Cuando hicimos el documental sobre Postville pensamos que serviría para dar una mirada a un evento del pasado y contar cómo este pueblo de Iowa pudo recuperarse diez años después. No imaginamos que sería un espejo en el cual se mirarían otros lugares de Estados Unidos poco después. Mientras lo editábamos en la primavera del 2018, la administración Trump puso nuevamente en marcha estas redadas masivas en lugares de trabajo.

Al inicio de su gobierno hubo arrestos, pero no de la magnitud de lo registrado en Postville o Laurel 10 años antes. En enero de 2018 fueron detenidos 21 inmigrantes en varias redadas en tiendas 7-Eleven de todo el país. Tres meses, después 97 trabajadores fueron arrestados en una planta procesadora de carne en Tennessee. Y, para agosto de ese año, los números de migrantes detenidos en sus lugares de trabajo fueron aumentando. Ese mes, hubo 133 arrestados en plantas de Nebraska y Minnesota. En abril del año siguiente, otros 280 fueron detenidos en Texas. Meses más tarde, en agosto, las redadas de Mississippi se convirtieron en las más grandes de la historia del país en un solo estado.

En una rueda de prensa después de esos arrestos, Mike Hurst, el fiscal federal para el distrito sur del estado, declaró con orgullo, como quien acaba de romper una marca deportiva: “Hemos establecido un nuevo récord: esta vez con la que creemos ha sido la operación de inmigración más grande en un solo estado en la historia de nuestra nación”.

A través de estas siete historias–algunas que ya hemos publicado y que compilamos para este proyecto–buscamos mostrar cómo las redadas masivas y las políticas antiinmigrantes del gobierno Trump penetran y destruyen a comunidades enteras: desde sus economías locales hasta los efectos sicológicos que perdurarán por años. Evaluamos también si estas redadas logran sus objetivos iniciales: devolverle los trabajos a personas locales y reducir la inmigración.

Y, más allá de su devastador impacto en la vida de los inmigrantes, le damos una mirada a su resiliencia y fuerza humana. Hasta las comunidades más golpeadas, tanto por estas políticas de ‘tolerancia cero’ como por la inédita crisis de salud pública por el coronavirus, siguen saliendo a las calles a luchar por sus derechos.

*Utilizamos un nombre ficticio para proteger la identidad del trabajador.