El sonido que produce el golpeteo de unas cadenas rompe el silencio en el solitario centro de transferencias del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles. Ha salido de su celda Brenda, una mujer bajita de unos 60 años. Viste unos jeans, un suéter rayado y botas negras. Va esposada de manos y pies, una medida que parece exagerada en este lugar lleno de agentes armados.

“Levántese”, le ordena con rudeza el guardia que la escolta, mientras ella se seca las lágrimas. Brenda está a punto de ser transportada a una cárcel de ICE en el sur de California.

Por ese mismo proceso pasó unos minutos antes Antonio Zúñiga, un hombre que calzaba unos tenis manchados de pintura, quizás por un trabajo que dejó a medias. Ahí mismo esperan su turno un padre guatemalteco y su hijo pequeño, quienes se presentaron ante oficiales migratorios en una visita de rutina y los dejaron bajo custodia.

“El papá ha sido deportado tres veces y el niño tiene una orden de deportación en ausencia (falló en presentarse en una audiencia)”, explicó sin conmoverse Christian Menjívar, quien es asistente del director de ICE en esta metrópoli. Al fondo, el padre luce desconsolado. Su hijo juega sin comprender lo que pasa.

Aquella tarde de noviembre de 2019, durante un recorrido que realizó un equipo de Univision Noticias en esa instalación, la mayoría de las celdas estaban vacías. Hace siete años, cuando concluía el primer período de gobierno del presidente Barack Obama, el sitio era un hervidero: para ese entonces los oficiales de ICE en esta ciudad arrestaron a 25,163 indocumentados y deportaron a más de 15,000 personas.

Pero, en el tercer año de la administración de Donald Trump, la policía de inmigración tuvo mucha menos acción allí. Entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019 hubo 6,657 detenciones y 8,598 expulsiones, una caída del 73.5% y el 44%, respectivamente, en comparación con 2013.

Todo cambió porque la agresiva retórica de Trump despertó un movimiento proinmigrante que llevó a la promulgación de leyes santuario que limitan la cooperación entre policías locales y agentes de ICE. Su dura política de 'tolerancia cero' se ha topado en los pasados tres años con varias batallas perdidas en California, que han sentado precedentes en las luchas que libran otros estados.

Muchos temían que la situación migratoria en California empeorara durante su mandato, pero no fue así. Si bien las amenazas de redadas masivas se han escuchado varias veces, en el estado no se han visto incursiones a gran escala, como la realizada en la planta procesadora de carne en Mississippi, donde 687 indocumentados quedaron bajo custodia federal en agosto de 2019. Fue la operación más grande de su tipo en un estado.

California terminó poniendo contra las cuerdas a Trump y se sacudió las dolorosas deportaciones masivas que se vieron durante el gobierno de Obama, que aún tiene el récord de más repatriaciones. La paradoja es que la actual retórica antiinmigrante de la Casa Blanca fue la que ayudó a construir ese ‘santuario’ para inmigrantes que por mucho años fue solo un espejismo.

Uno de los reveses más recientes se lo dio la Corte Suprema, al rechazar una demanda que entabló la administración Trump para revisar y declarar inconstitucional la ley santuario de California, la cual impide que policías locales cooperen con las autoridades migratorias.

En Los Ángeles, la segunda ciudad con más indocumentados, la oficina local de ICE recibió un duro revés el 1 de febrero de 2019, cuando el nuevo jefe del Alguacil, Alex Villanueva, cumplió su promesa de campaña y echó a todos los oficiales de ICE que estaban en siete cárceles y 23 estaciones policiales. Antes era su principal aliado y juntos deportaron a más inmigrantes que el polémico Alguacil Joe Arpiao en Maricopa, Arizona.

“Reconocí el riesgo de que los alguaciles estuvieran participan en la aplicación de las leyes migratorias o que hubiera una percepción en la comunidad de que nosotros y los agentes de ICE estamos trabajando juntos”, dijo Villanueva en una entrevista con este medio, agregando que la consecuencia de su acción fue que le quitaron un fondo federal de 3 millones de dólares anuales que ––según él–– está “manchado de sangre”.

El cuarto del centro de recepción de reos del alguacil que usaban los agentes migratorios ahora es utilizado para desayunar y tomar descansos. ICE tuvo que contratar a dos empresas privadas que van a ese lugar a tomar la custodia de indocumentados que purgaron condenas por delitos graves, como asesinatos, violaciones y narcotráfico. Quedaron en el pasado las entregas de vendedores ambulantes, albañiles y padres de familia.

En el pasado quedaron las entregas de vendedores ambulantes, albañiles y padres de familia. La ley SB54 de estado santuario que entró en vigor el 1 de enero de 2018 establece una lista de 151 crímenes graves para permitir tal colaboración.

Pero no todos comparten las decisiones del alguacil Villanueva. Algunos jefes policíacos se han enojado con estos cambios. Uno de ellos es Don Barnes, titular del Departamento de Alguaciles del condado de Orange, una región conservadora en la cual se han diseñado varias iniciativas antiinmigrantes.

“El experimento de ciencias sociales de dos años de las leyes santuario debe terminar (…) Ha permitido que los delincuentes sean liberados”, consideró el oficial en febrero.

Barnes reclama que en los últimos dos años sus agentes liberaron a más de 1,100 reos sin notificarle a ICE, de los cuales 411 fueron recapturados porque perpetraron violaciones sexuales, ataques con armas o delitos sexuales contra niños. Son cifras que recopiló su propio departamento.

Varios reportes refutan, sin embargo, el reclamo de este alguacil de que su comunidad "sea menos segura". Por ejemplo, un informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) señala que en Santa Ana, la ciudad con más inmigrantes del condado de Orange, las denuncias de crímenes violentos bajaron levemente de 1,640 en 2017, a 1,571 en 2018.

Las propias estadísticas del alguacil de Orange muestran un descenso gradual en los homicidios desde la vigencia de esta ley proinmigrante: en 2019 ocurrieron 56 asesinatos, en 2018 se registraron 77 y un año antes 85.

El alguacil Villanueva, hijo de un puertorriqueño y una anglosajona, destaca que por su nueva política disminuyeron un 53% las transferencias de convictos sin papeles a ICE en 2019 frente al año previo. Al tomar únicamente en cuenta a quienes cometieron delitos menores, esa caída es mucho mayor, del 73%.

El vínculo se quebró también más allá de las cárceles. La policía se alejó de los operativos para capturar fugitivos en los cuales solía participar y pidió al director local de ICE obligar a sus oficiales a dejar de usar chalecos que los identificaran como 'Policía'. Se trata de un reclamo que también ha hecho el alcalde angelino, Eric Garcetti, al considerarlo un engaño para que los indocumentados acepten abrir la puerta de su casa.

“Están haciendo eso porque quieren esa confusión, quieren aumentar el miedo en la comunidad y eso no está bien”, criticó Villanueva.

Pero la escasa colaboración entre ICE y la Policía de Los Ángeles (LAPD) viene de atrás, desde antes de que Villanueva tomara las riendas. Hace 41 años, el LAPD estableció una orden que impide a sus policías preguntar el estatus migratorio de las personas que detiene y paulatinamente fue restringiendo sus normas.

“Yo estuve en esos mismos zapatos, de estar aquí queriendo hacer una vida mejor para nosotros, no estamos cometiendo delitos”, dijo a Univision Noticias Alfred Labrada, un comandante del LAPD en el sur de Los Ángeles y quien siendo niño cruzó ilegalmente la frontera con su familia.

Hijo de una viuda que se ganaba la vida limpiando casas y trabajando en una empacadora de huevos, Labrada, nacido en México, tenía unos cinco años cuando lo pasaron dormido en una camioneta por una garita. Durante cuatro años no tuvo papeles.

“Yo entiendo el temor y la desesperación que existe de muchos padres y muchos hijos que no saben si los van a deportar”, expresó el comandante, quien considera que el descenso en la tasa de criminalidad se debe en parte a la confianza ganada en los barrios de inmigrantes, entre los más peligrosos del sur de California.

Labrada afirma que ahora más personas que trabajan en la economía informal, oficios desempeñados mayormente por personas sin documentos, se atreven a denunciar robos. “Es decir, que tienen la confianza de saber que no vamos a llamar a Migración porque son víctimas”, celebró.

Mientras ha estado en vigor la ley santuario SB54, las dos ciudades más grandes de California, Los Ángeles y San Francisco, registraron una disminución en sus tasas de crímenes violentos, cifras que contradicen las acusaciones de que protegen a los delincuentes.

Usando cubrebocas y guantes, los agentes de ICE en Los Ángeles seguían arrestando indocumentados a mediados de marzo, poco antes de que se emitiera la orden de ‘quedarse en casa’ para evitar la propagación del coronavirus. Por ese cambio de estrategia se enfocaron más en los criminales. ¿El resultado? Sus detenciones cayeron de 230 en marzo a 80 en abril, es decir un 65%. En el resto del país y en la frontera ocurrió algo similar.

Lo cierto es que la actividad de estos oficiales ya venía en picada. En 2019 arrestaron a 14,035 inmigrantes en todo California, la cifra más baja en los últimos siete años. Este número representó una disminución del 73% comparado con 2013. Hubo más arrestos en la oficina de ICE en Dallas (Texas) y casi los igualan en la de Atlanta (Georgia).

ICE reconoce que sus agentes han sido 'maniatados' por la falta de cooperación de las fuerzas del orden municipales, las protestas ciudadanas que los persiguen y su salida obligatoria de las cárceles ante las legislaciones que defienden a los indocumentados. Así lo explica a Univision Noticias David Marin, titular de la oficina de ICE en Los Ángeles.

“He hablado con legisladores estatales y les he dicho que sus políticas, que pueden haber sido bien intencionadas, solo protegen a los criminales indocumentados”, consideró. Sin embargo, ni lo establecido en la ley SB54 ni los índices delictivos avalan la afirmación de este funcionario federal.

Sin la colaboración de la policía, a los oficiales de ICE se les complica su labor. La oficina cuenta con 75 oficiales que buscan fugitivos en siete condados, de Los Ángeles a San Luis Obispo, un territorio de 33,000 millas cuadradas habitado por 19 millones de personas. Además, cada objetivo requiere varios días de vigilancia antes de que se pueda ejecutar el operativo.

Lo tuvieron más fácil cuando las cárceles municipales les ayudaban en miles de arrestos. Del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019, ICE envió 11,500 solicitudes de detención de reos (lo que en inglés se conoce como detainers) al alguacil de Los Ángeles, pero dicha agencia solo honró 472.

“Antes los arrestábamos dentro de una cárcel, en un ambiente seguro, no solo para nosotros, sino para el público, ahora tenemos que salir a la comunidad (...) Es inevitable que nos encontremos con otras personas (…) Tal vez miembros de la familia, tal vez amigos”, señaló el director de ICE en esta metrópoli.

Marin asegura que ahora su trabajo es más difícil para ellos y las familias de los arrestados, que pasan por momentos potencialmente traumáticos al ser separadas. “Tienes que arrestar a alguien frente a sus hijos. Yo lo he hecho y como padre es difícil, es muy difícil”, describió.

Lejos de este debate de números y declaraciones entre jefe policíacos, en las comunidades donde abundaba el miedo por las redadas de ICE ahora se respira más tranquilidad.

"Ya no estamos en aquellos días en los que no queríamos ni salir a comprar a la tienda. Nos sacudimos todo ese temor", dice Rubén, un vendedor ambulante que vive en Santa Ana desde 2010 y es padre de dos niños estadounidenses.

Algunos activistas, como Patty Chávez, prefieren no bajar la guardia y siguen atentos en las redes sociales por si ocurren operativos de ICE. “Antes tenían un poco más de piedad, un poco más de humanidad. Ahora vemos que se ha intensificado la caza en contra de nuestra comunidad”, advierte ella.

El movimiento de resistencia en California se viene fraguando desde la lucha de 1994 para eliminar la Proposición 187, que buscaba negarles servicios de salud y educación a los indocumentados.

De esa generación de jóvenes que salieron a las calles para oponerse a la iniciativa del entonces gobernador Pete Wilson surgieron el exsenador Kevin de León, autor de la SB54; el fiscal estatal Xavier Becerra, uno de los principales opositores de Trump en los tribunales; y otros políticos hispanos.

La oficina de Becerra, hijo de una pareja de mexicanos que emigraron a Los Ángeles, ha interpuesto más de 60 demandas contra la actual administración, varias de estas defendiendo a los indocumentados. Esas querellas se oponen a la construcción del muro fronterizo, la detención prolongada de menores pidiendo asilo, la nueva regla de carga pública que complica la legalización de quienes reciben ayuda social y otras medidas.

“En California tenemos el liderazgo de la resistencia contra la política de Donald Trump”, subraya el concejal Gil Cedillo, quien el año pasado logró que Los Ángeles se proclamara oficialmente una 'ciudad santuario'.

En Highland Park, un vecindario en el noreste angelino, ocurrió uno de los casos más emblemáticos del movimiento anti-Trump. Todo comenzó el 28 de febrero de 2017, cuando Rómulo Avélica, un cocinero mexicano, llevaba a la escuela a su hija Fátima, que entonces tenía 14 años. Agentes de ICE lo interceptaron antes de llegar al plantel y la adolescente lo grabó todo con su celular.

Ese video se viralizó de inmediato y la presión que ejerció la comunidad jugó un papel importante en su caso legal. Hubo protestas, foros comunitarios y hasta vendieron comida para mantener a los Avélica, mientras él estaba en la cárcel de Adelanto. ICE lo buscaba por dos delitos viejos: manejar bajo la influencia del alcohol (DUI en inglés) y posesión de una propiedad robada. Su defensa logró que un juez rebajara esas sentencias.

El proceso de deportación de Avélica fue suspendido seis meses después y, según él mismo relata, fue recibido como un héroe teniendo ahora un permiso temporal para trabajar en este país. Su lucha para obtener una residencia permanente sigue en pie y se espera que un juez defina su futuro migratorio en octubre de este año.

"Antes del video no había otra acción como la que hubo conmigo. Fue un precedente muy bueno porque de ahí en adelante empezaron las acciones fuertes, empezaron las protestas, empezaron las acciones contra ICE, las acciones contra las redadas. Como dice el dicho: 'No hay mal que por bien no venga'", describe el migrante de 51 años en una entrevista con Univision Noticias.

Su hija Fátima, ahora de 16 años, sigue defendiendo con elocuencia a las familias inmigrantes. El caso de su papá le ayudó a madurar, perder la timidez y defender a quienes no tienen papeles. “El hablar y no quedarse callado es importante, porque si tú te quedas callado, ¿quién te va a escuchar?”, expresa como si fuera una adulta.

-Si pudieras decirle algo al presidente Trump ¿Qué le dirías?, se le pregunta.

-Yo le diría al presidente Trump que se ponga en nuestros zapatos, vería lo difícil que es.