Rumores siempre había en la tomatera. “Que ahí venía la migración, que venían por el pez gordo. Y el pez gordo era Juan Pablo”, repite Rosa, una mexicana sin papeles arrestada en los operativos para atraparlo.

Juan Pablo Sánchez Delgado, también mexicano y sin documentos, fue detenido el 8 de agosto de 2018 en una de las mayores redadas migratorias ejecutadas en la era de Donald Trump; la más grande que haya ocurrido hasta ahora en los estados de Nebraska y Minnesota. Una operación con más de 130 detenidos para agarrar a un solo hombre, donde cuatro grandes empresas estaban involucradas pero ninguna sufrió mayores consecuencias.

Según la justicia de Estados Unidos, Sánchez Delgado hizo una fortuna de 5.6 millones de dólares proveyendo mano de obra indocumentada a las procesadoras de alimentos Christensen Farms, Elkhorn River Farms LLC, O’Neill Ventures LLC y GJW LLC.

De cada cheque quincenal de 500 dólares que le pagaba a sus trabajadores indocumentados, Sánchez descontaba 50 dólares de comisión. Y de 50 en 50, se hizo millonario, dice la acusación en su contra y que se hizo pública el día de la redada.

Sánchez Delgado vivía y operaba en O’Neill, un pequeño pueblo agrícola de Nebraska de poco más de 3,500 habitantes, blanco y conservador, conocido como 'la capital irlandesa de Estados Unidos'. Era el dueño de un restaurante mexicano —La Herradura— y de una tienda de abarrotes, que funcionaban en un mismo edificio en la calle principal y que utilizó como fachada para sus negocios. Ese era el lugar donde comúnmente iban a preguntar por trabajo los migrantes sin documentos recién llegados al pueblo, o también podían hacerlo a través de las páginas de Facebook creadas por Sánchez y su familia para manejar el negocio.

“Tenía su restaurancito, vivía modestamente. Hace tres o cuatro años puso el negocio de estar de contratista y le cobraba a la gente que mandaba a trabajar”, dice Rosa, una de las últimas arrestadas en la planta tomatera O’Neill Ventures LLC el día de la redada.

Rosa estuvo detenida menos de 24 horas, desde las 9:00 de la mañana del 8 de agosto hasta las 5:00 del siguiente día y fue suficiente para quedar en el limbo. Tiene 60 años y ha vivido los últimos veinte entre México y Estados Unidos, cruzando la frontera para trabajar por temporadas en Texas, en Nebraska. En la tomatera de O’Neill trabajó dos años y hasta entonces la empresa no corroboró directamente su identidad y la validez de sus documentos a través del sistema E-Verify, una herramienta federal para verificar el estatus legal de los trabajadores.

“Fue una desgracia para nosotros, se nos acabó todo. Todos estamos en la cuerda floja y yo más, porque no estoy casada ni tengo hijos aquí”, dijo a Univision en julio de 2019, después de pasar casi un año sin permiso de trabajo, con un gasto mensual de 100 dólares en medicinas y el temor de que su proceso frente a las cortes de inmigración acabe en deportación.

La mayoría de los 130 trabajadores detenidos por ICE fueron liberados a cambio de colaborar con las investigaciones contra Juan Pablo Sánchez, pero casi dos años más tarde siguen sin tener un estatus legal para permanecer en Estados Unidos y con casos abiertos en cortes de inmigración. Unos 20 de ellos han obtenido permisos de trabajo pero las empresas donde solían trabajar –y a veces las mismas donde fueron detenidos– ya no quieren contratarlos directamente, aunque siguen necesitando esa mano de obra.

A pesar de todo lo ocurrido, Rosa sigue viendo a Juan Pablo y a su familia como los benefactores que la recibieron cuando llegó al pueblo sin dinero y sin un lugar donde vivir. “Ayudó a mucha gente dándole trabajo, la gente lo quería mucho. Pero no supo hacer su negocio”, lo justifica ella.

Lo primero que no supo hacer Sánchez, en su opinión, fue disimular. El dinero ya se notaba demasiado en la vida de su familia: en las compras de caballos de raza, en las peleas de gallos organizadas por su hermano, en los lujos que súbitamente comenzaban a presumir en un pueblo modesto, donde todos se conocen y saludan por las calles.

“Ellos traían carritos normales y de repente hace unos tres años, todos traían unas troconas. Y uno no más decía: ‘¿de dónde saca tanta plata el Pablo?’. La chiquilla que todavía tenía, ni cumplía los 15 años traía una trocota, y los 15 años se los festejaron con botellas de vino de lo mejor, de whisky, y música y todo”, contó Rosa.

Leonel, nacido en Xela, Guatemala, y con 19 años en Estados Unidos, fue uno de los primeros indocumentados arrestados en mayo de 2017, cuando iniciaron las averiguaciones. En el año previo a la redada fue detenido dos veces y enfrentó un proceso por robo de identidad del que salió absuelto.

“Cuando llegábamos a la tienda (Juan Pablo) nos decía: ‘Muchachos, si necesitan trabajo, yo tengo trabajo’ o ‘Háblenme si ocupan trabajar’. Y ya él nos metía en la papa, en el tomate, nos metía en la marranera”, relató Leonel, que trabajó cuatro años para Juan Pablo Sánchez en jornadas agotadoras, lavando camiones para transportar marranos de la empresa Christiansen Farms.

“Eran trocas de tres niveles, pequeños como de un metro de altura o menos creo yo, y teníamos que meternos ahí de rodillas, sacar todo el chip que le dicen, la viruta, luego ya echarle agua con las mangueras de presión. Y nos poníamos a lavar ahí agachados todos incómodos a dejarlo limpio para poder meter nuevos puercos”, dijo Leonel durante una entrevista con Univision en julio de 2019 en O’Neill.

Al principio Leonel ganaba 600 dólares quincenales, luego fue aumentando hasta 800. Cambiaba los cheques en El Mercadito, la tienda de Sánchez y en cada canje le quitaban una cuota de 30 a 50 dólares por cheque, dependiendo de la suma. En compensación, Leonel podía llevarse un monto equivalente en productos –frutas, harina, tortillas, enlatados– que con frecuencia estaban caducados.

El día de la redada, su esposa Carmen y su papá también fueron detenidos en el allanamiento a una planta procesadora de papas y se quedaron sin empleo. Meses después, Carmen obtuvo un permiso para trabajar pero las compañías que la contrataban a través de Juan Pablo Sánchez ya no quieren contratarla directamente. Él estuvo casi un año desempleado, hasta que consiguió un trabajo a una hora por carretera de O’Neill.

La acusación contra Sánchez no precisa el número exacto de inmigrantes que contrató en los tres años y medio que duraron sus operaciones, pero cita la estadística que observaron el día de la redada en la tomatera de O’Neill como ejemplo de la magnitud del esquema urdido por él, sus socios y familiares: “Para el 8 de agosto de 2018, la mayoría de los integrantes de la fuerza de trabajo de O’Neill Ventures LLC eran trabajadores extranjeros que no podían trabajar legalmente en Estados Unidos”, dice el documento.

Sánchez Delgado los empleaba a través de dos compañías –JP and Sons, LLC y J Green Valley, LLC– que estaban registradas a nombre de su hijastro, Antonio de Jesús Castro, y que no verificaban la identidad de sus trabajadores, de acuerdo a la acusación. Hubo casos en los que también retuvo dinero de los trabajadores alegando que era para pagar impuestos federales y seguro social.

Las empresas a nombre del hijastro de Sánchez tenían contratos con Elkhorn River Farms LLC, O’Neill Ventures LLC y GJW LLC como proveedores de mano de obra. Gracias a esta intermediación, las procesadoras de alimentos eludían el pago de impuestos locales y el costo de seguros para sus empleados, según la Fiscalía.

Junto a Sánchez Delgado, el día de la redada fueron arrestados 12 de sus familiares y socios, entre los que se contaban un testaferro y algunos representantes de las empresas involucradas.

Del grupo de 13 acusados, Juan Pablo Sánchez fue quien recibió la condena más severa en el juicio que se celebró el Lincoln, Nebraska: el 27 de noviembre de 2019 Sánchez fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y de albergar a extranjeros indocumentados, y a pagar una multa de 100,000 dólares. Además, al cumplir su condena será deportado.

Su esposa, Magdalena Castro-Benítez, también fue señalada de actuar como "manager financiero" de su esposo en la operación de lavado de dinero y condenada a dos años y medio de prisión por ese delito.

Mientras tanto, todos los representantes de las empresas que contrataron los servicios de Sánchez y que fueron detenidos durante y después de las redadas del 8 de agosto de 2018, enfrentaron sus juicios en libertad y al cabo de dos años fueron absueltos de responsabilidad en la trama.

Mayra Jiménez, secretaria de la planta tomatera de O'Neill Ventures y John Glidenn, manager de una granja de cerdos propiedad de GJW, LLC, declararon durante el proceso que no estaban al tanto de que los trabajadores tercerizados no tenían documentos para trabajar legalmente en Estados Unidos. Pero aún en el caso de que los jurados los hubiesen encontrado culpables de lo contrario, ninguno hubiese enfrentado una pena de prisión. La ley vigente en Estados Unidos establece que contratar inmigrantes sabiendo que no tienen documentos es una falta administrativa que se paga con una multa de hasta 3,000 dólares por cada persona empleada.

De los 5.6 millones de dólares que Sánchez acumuló bajo el esquema de empleo de las contratistas, la Fiscalía ha recuperado menos de la tercera parte: 130,000 dólares en efectivo que encontraron en las casas allanadas en Nevada y Nebraska, y tres propiedades en Las Vegas valoradas en 1.5 millones de dólares y registradas a nombre de una empresa de Magdalena Castro Benítez, esposa de Sánchez Delgado.

Y los trabajadores explotados, que las autoridades dicen querer proteger con la política de redadas en centros de trabajo, quedaron más desamparados que nunca. “Nosotros fuimos la carnada para agarrar al pez grande, y ya no nos quieren dar trabajo”, se lamenta Leonel, convencido de que el mayor y único responsable lo que ocurrido era Sánchez, tan indocumentado como él.